Inseguridad sin Fronteras

Autor: Columba Arias Solís*

Título: Inseguridad sin Fronteras**

“Somos una sociedad dominada por sentimientos
de inseguridad,
sin embargo, ni la libertad ni la seguridad como
la paz auténtica, son posibles desde el miedo”.

(Ana Isabel Pérez Cepeda, en El Paradigma
de la Seguridad en la Globalización)

I.-Los hechos de violencia que en los meses recientes han sucedido en diversas partes del mundo, desde el secuestro de cientos de niñas y adolescentes por la milicia extremista de Boko Haram en Nigeria, pasando por la guerra iniciada por el grupo terrorista Estado Islámico, con la barbarie desatada contra las poblaciones de países a los que pretenden someter a su bárbaro sentido de la interpretación de una religión, hasta aterrizar en nuestro propio país con los últimos desgraciados sucesos en el Estado de Guerrero, resultan ser penosos indicadores de que la seguridad en la era de la globalización es la asignatura pendiente de muchos gobiernos en diversas partes del mundo, y que la globalización ha contribuido al incremento de la vulnerabilidad de la sociedad internacional.

Al estudiarse la inseguridad en el fenómeno de la globalización, se encuentra que en éste se han provocado nuevas formas delictivas como la delincuencia internacional organizada y el terrorismo, productos de la importación y readaptación a un nuevo entorno, de las formas delictivas adquiridas en el país de origen.

En el último informe mundial sobre la violencia y la salud presentado hace un par de años por la OMS se informó que cada año, más de 1.6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente, por supuesto esta es solamente una parte, es decir son los que se conocen, porque el propio organismo señala que la mayor parte de actos violentos que se cometen quedan sin registro.

El informe hace énfasis en que las muertes y discapacidades causadas por la violencia convierten a éste en uno de los principales problemas de salud pública de nuestro tiempo; la OMS también señala que la violencia es un problema complejo relacionado con esquemas de pensamiento y comportamiento conformados por multitud de fuerzas en el seno de nuestras comunidades y familias.

Por su parte el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) afirma en su informe que un niño muere cada cinco minutos en el mundo a causa de la violencia, y que millones de jóvenes menores de 20 años se sienten inseguros en sus viviendas, escuelas y comunidades.
En ese contexto, el Organismo subraya que la violencia no es una rareza ni algo confinado y remoto, “hacemos frente a un problema global de proporciones epidémicas”.

Es entonces la violencia un fenómeno que genera inseguridad en los ciudadanos y en los Estados, y la violencia protagonizada por la delincuencia organizada mantiene en jaque a la seguridad internacional; esa delincuencia que se manifiesta a través de las redes de narcotráfico y blanqueo de dinero, del tráfico de personas para la explotación sexual y laboral, del tráfico de armas; por ende, una de las consecuencias negativas de la globalización ha sido la transformación de la delincuencia organizada, es decir, los grupos delincuenciales, las mafias son beneficiarias de la construcción de lo que han resultado ser eficientes estructuras transnacionales.

Los estudiosos del tema nos advierten que la delincuencia hoy se extiende del típico carterista al traficante de armas, con una dimensión tal que pueden atacar países libres (ya lo estamos constatando), desafiar a los Estados con el terrorismo, pervertir el libre comercio y, tal vez –adelantan- en poco tiempo extorsionar con armas nucleares a gobiernos y corporaciones.

II.-Desde hace varios años la delincuencia organizada ha perdido su carácter regional, convirtiéndose en multinacional, por ende ha trascendido fronteras y en virtud a ese carácter internacional también desde los países de origen de los criminales se van importando y adaptando las formas de delinquir, de tal forma que diversifican y multiplican el ámbito delincuencial.

Ya desde hace diez años, la Unión Europea en su informe sobre Delincuencia Organizada, señalaba cómo las mafias búlgaras dedicadas al tráfico de mujeres para la explotación sexual, también se dedicaban a la falsificación de euros, así como al fraude con tarjetas de débito.

En tanto que las mafias albanesas diversificaron sus rubros en el tráfico de drogas, emigración ilegal y trata de personas, mientras que las chinas en el contrabando de precusores químicos, elaboración de drogas sintéticas y fraudes con tarjetas de crédito, además de la inmigración ilegal de ciudadanos chinos a quienes extorsionan y amenazan con represalias contra sus familiares en China.

Por su parte las mafias rumanas dedicadas a la trata de mujeres menores para su explotación sexual, diversificaron sus acciones con la falsificación de documentos, así como también la extorsión, el fraude con tarjetas y los delitos contra la propiedad, mientras que las bandas turcas que centraban su principal negocio en el comercio de heroína, además se introdujeron en la inmigración ilegal y la trata de personas, con negocios legales como bares y restaurantes o las franquicias de comida rápida para el blanqueo del dinero de la droga.

En el último informe sobre delincuencia organizada realizado por la Unión Europea el pasado 2013, la comisión redactora considera que el informe SOCTA de Europol 2013 estima en 3mil 600 el número de organizaciones delictivas internacionales que operan en la UE, que el 70 por ciento de esas organizaciones tiene una composición y un radio heterogéneo desde el punto de vista geográfico, y que más del 30 por ciento tiene una composición pluridelictiva.

En México, no existen informes que además de englobar las distintas clases de delitos cometidos, sean además confiables en torno a la situación de inseguridad en las diferentes entidades de la República Mexicana, ni tampoco de la totalidad de los grupos delincuenciales, y mucho menos de los negocios utilizados como fachada para el blanqueo de los capitales procedentes de los ilícitos, sin embargo, el pasado año 2013, la Organización Fund For Peace, publicaba en Foreign Policy, los resultados sobre el Índice de Estados fallidos, señalando que México aún se encuentra entre los países en riesgo de convertirse en Estado fallido al ubicarse en el número 97 de una lista de 178 países analizados “bajo estado de advertencia”..

No son de extrañar las notas anteriores, habida cuenta que una de las características más comunes de los Estados calificados de fallidos, se refiere a la pérdida de control físico de su territorio o del monopolio de la fuerza legítima. Otro más incluye la erosión de la autoridad legítima para tomar decisiones colectivas, y la incapacidad de proveer servicios públicos razonables.

Dentro de los indicadores para calificar un Estado de fallido, aplicados a México, se encuentra la desigualdad en el desarrollo económico y la existencia de aparatos de seguridad débiles.

Aun cuando la condición de Estado fallido se presenta, en la mayor parte de los casos, como resultado de guerras civiles o invasiones militares, también se aplica ante la imposibilidad del gobierno de ejercer el monopolio de la violencia o por la impunidad en la que actúan y permanecen los grupos criminales.

En varios puntos de México, los grupos criminales –por encima de las autoridades públicas- son los que ejercen el poder real y disputan al Estado el monopolio del ejercicio de la violencia, así como el cobro de impuestos, toda vez que eso viene a ser la imposición de cuotas o pagos periódicos de derecho de piso, como lo denuncia el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. Entre las entidades con las características anteriores el Consejo apunta: Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Veracruz, entre otras.

En tales condiciones, ¿será exagerado afirmar que ante la gravedad de la inseguridad, más el elevado índice de pobreza, el subdesarrollo y la crisis social, el país camina hacia la ingobernabilidad?

Si como señalan diversas organizaciones no gubernamentales, se considera la confluencia de transgresiones tales como la incidencia de homicidios dolosos cometidos por grupos armados, la impunidad con la que actúan, las desapariciones ,los desplazamientos forzados, el control territorial por parte de los grupos delictivos, el robo sistemático, el secuestro masivo (como en el caso irresuelto de los estudiantes normalistas), la trata de personas, el control de policías por grupos de la delincuencia, la intimidación a medios de comunicación y la coacción por delincuentes en actividades comerciales lícitas, poco espacio a la duda nos queda sobre el camino enfilado hacia un Estado fallido.

III.-La violencia que sucede en distintas partes del mundo, demuestra que no hay fronteras para la inseguridad, ¿cómo enfrentar entonces la violencia desatada por la delincuencia internacional? Los analistas y estudiosos del tema, entre los que destacan Anguitas y Campos Sabala, apuntan en el sentido de buscar la armonización de las legislaciones donde se tipifiquen idénticos delitos, es decir, impedir que el terrorismo o la delincuencia organizada sean consideradas en algunas legislaciones en el ámbito de la delincuencia común; lo que implica la realización de verdaderos esfuerzos –explican- de cooperación transnacional para intensificar la colaboración judicial y policial, pero además también la legislativa.

Los analistas citados reafirman que no tiene caso perseguir un delito en un país cuando en otro no es considerado como tal, y en ese sentido, pugnar porque en todos los países del mundo se reconozca como delito – por ejemplo- el tráfico de personas para la explotación sexual o laboral.

En un mundo globalizado, resulta absolutamente indispensable la cooperación regional e internacional para combatir la delincuencia también globalizada, entendiendo que no puede ser posible resolver los problemas globales en solitario.

El último informe internacional de la Criminalidad y Seguridad Cotidiana, publicado por el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), cuya sede se encuentra en Montreal, Canadá y funciona con los apoyos primordialmente de los gobiernos francés y canadiense, en estrecha colaboración con la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, hace referencia a los tres importantes temas: el crimen organizado, las tendencias de las migraciones y el abuso del alcohol y las drogas, haciendo énfasis que en muchas comunidades los temas anteriores presentan vínculos entre la opresión y la pobreza, la depresión y el abuso de sustancias.

La directora del Centro se refiere a cómo al documentar los temas del informe “que van más allá de la experiencia diaria del crimen y la violencia, enfocándose en la manera en cómo los individuos y las comunidades son el blanco de las ansias del poder y de la codicia de otros”, surgen las interrogantes sobre la gobernabilidad de la seguridad, ya que ésta última es entendida de diferentes maneras en diferentes lugares del mundo.

Así, para las comunidades que cuentan con abundantes recursos la seguridad “es con frecuencia la habilidad de protegerse contra los riesgos conocidos”, a través de la aplicación de la tecnología y de la mano de obra contra las intenciones delictivas.

¿Qué hacer entonces para enfrentar y prevenir el fenómeno delincuencial? Desde hace una década, la Organización de Naciones Unidas, estableció unas directrices para la prevención de la delincuencia, que hacen énfasis en la prevención a través del desarrollo social (o prevención social del delito), prevención a nivel local también llamada prevención comunitaria, también la que denominan prevención situacional y, la prevención de la reincidencia.

Siguiendo esas directrices, el CIPC ha identificado varios elementos que señalan como claves del éxito de la estrategia preventiva que parecen verificarse en todas las regiones donde se aplican: “el vínculo de confianza entre la población y las instituciones, particularmente la policía, la justicia y el sector educativo –dicen- contribuye directamente al éxito de las acciones de prevención y seguridad. En ese contexto –prosigue el informe- para lograr la eficacia de las políticas públicas de prevención y seguridad, parecen indispensables condiciones tales como “la legitimidad de las instituciones penales,la integridad de las autoridades, la equidad en el tratamiento de los ciudadanos, principalmente por parte de la policía.

En la parte del informe correspondiente, al señalarse la percepción de la policía en las comunidades de diversos países, refiere por lo que toca a Canadá, “aún cuando la policía es percibida de manera positiva por el 80 por ciento de la población, los servicios de policía son igualmente confrontados a la misma necesidad de desarrollar políticas específicas de relaciones con las comunidades”.

En cambio en México, según la Encuesta Nacional en Vivienda aplicada por Parametría, y que se dio a conocer el pasado año, para la mayoría de los mexicanos encuestados, la justicia en México no es completa ni imparcial, es decir, consideran no se imparte de forma pronta, completa e imparcial. Un 48 por ciento de los entrevistados considera que las leyes benefician a los delincuentes; 6 de cada 10 ciudadanos opinaron que la policía no hace buen trabajo de investigación.

El más reciente reporte de las entidades federativas, entregado al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en nuestro país, indica que 38 mil 693 elementos estatales y municipales de instituciones de seguridad pública no aprobaron las evaluaciones, además de unos 3 mil adscritos a instancias federales como la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y el Instituto Nacional de Migración.

En los Ayuntamientos –señala el reporte- es donde hay mayores porcentajes de no aprobados, a quienes el SNSP clasifica también como en proceso de depuración. En México hay más de 400 mil policías estatales y municipales, en estos últimos se concentra el mayor problema de infiltración del crimen organizado debido a su bajo nivel de capacitación, ingresos salariales y prestaciones sociales

*Columba Arias Solís es Maestra en Derecho Civil y Notaria. Profesora de Derecho Administrativo de la UMSNH.Analista política en diversos medios nacionales e internacionales
** Texto de la conferencia en el V Seminario Internacional de Derecho y Ciencias Sociales