El derecho laboral y la realidad social

Autor: José Gómez Porchini*

Título: El derecho laboral y la realidad social

La semana pasada concluimos la nota con la siguiente interrogante: ¿Qué cambios se deben hacer en la legislación para adecuar el derecho a la realidad? Y a eso nos vamos a dedicar en la presente nota.

El derecho laboral, que no del trabajo como ya hemos comentado, ha tiempo quedó obsoleto. Las figuras señeras de las relaciones laborales se perdieron en el tiempo y ahora ya no funcionan más. Es decir, debemos recomenzar casi de cero.

Las definiciones ciertas: patrón, trabajador, jornada de trabajo, subordinación y pago, ya no son como las aprendimos y las hemos venido enseñando. Ahora patrón es el amigo que nos invita a colaborar con él, en una empresa sin forma ni estructura y de pronto, como emprendedores, ya están manejando millones con una idea que tal vez llevaron a clase como proyecto y ya es una realidad. A ese patrón no se le pueden aplicar los requisitos del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, pues no es esa la estructura. El trabajador es ahora un amigo, un conocido a quien se le hace entrega de un dossier y sale a vender, a buscar contactos, a hacer amarres y de pronto logró colocar un pedido que va a mantener ocupada a la compañía los siguientes dos o tres años. Y él va a cobrar por cada operación, pero ya no va a hacer nada.

La jornada de trabajo, esa de siete de la mañana que inicia con el silbato de la fábrica y hasta las tres o cuatro de la tarde, ya no existe. Para empezar, las distancias y los medios de transporte ahora son tan distintos que muchas veces requieres dos o tres horas para llegar al centro de trabajo. Así no funciona, por lo que ahora la entrada es más o menos como a las ocho de la mañana y sales cuando consideres haber terminado, sin que tenga que ver con las ocho horas de la ley. Por tanto, habrá jornadas de cuatro o cinco horas como habrá de doce o catorce o más horas de trabajo. ¿Horas extras? Vamos, si la corte ha dicho que si puedes ver la televisión no necesitas horas extras…

El último de los elementos que configuran la relación laboral: la subordinación a cambio de un salario. Ya no existe así. Ahora resulta que contratas a alguien para que haga un trabajo y decide hacerlo desde su casa “porque así es más cómodo” o buscan cualquier otra razón de peso pero lo cierto es que el obrero aquél que temblaba a la voz del capataz ya no existe. Tampoco existe el capataz que ponía a temblar a todo mundo. Las normas de trato, los manuales de derechos humanos, la posibilidad de ser exhibido en las redes sociales, todo, ha contribuido al cambio total de paradigmas.

El bastión más importante del obrero, la seguridad social, la posibilidad de mantener la capacidad de ganancia cuando los años o las enfermedades hayan minado las fortalezas, está en riesgo de muerte.

El IMSS ha buscado la manera de mantenerse vigente y los que lo han manejado, la única solución que encuentran es aumentar las cuotas.

Los demás organismos de seguridad social van cavando sus propias tumbas ante la realidad innegable de que actuarialmente, arrojar el peso de la seguridad social en un solo sector, los integrantes de la relación laboral formal, patrón y trabajador, es insostenible.

Lo interesante será encontrar la fórmula que permita que los trabajadores, no necesariamente los empleados, puedan disfrutar legalmente de lo que perciben, con todos los beneficios de una relación laboral formal como ahora la conocemos.

Y procedo a ilustrar: un ama de casa, un trabajador eventual, un profesionista independiente, los tres, son ejemplo de la gente que trabaja y contribuye al engrandecimiento del país. Pagan impuestos, todos lo hacemos, pero no obtienen, en lo personal, absolutamente nada. Un obrero o un empleado de una negociación o del gobierno, tiene un salario por el que le descuentan impuestos, IMSS, Infonavit, Fonacot y todo lo que usted guste. Sin embargo, patrón y trabajador, en eso de las “estrategias fiscales” inventadas por el gobierno, ahora ya no es empleado de quien lo manda sino de una “Outsourcing” que lo explota al máximo a ciencia y complacencia del gobierno y obvio, de los patrones.

¿Qué beneficio existe para el obrero que lo dé de alta formalmente? Ninguno. Piensa que no se va a enfermar, que nunca se va a jubilar y que no es justo que le descuenten tanto para el pésimo servicio que otorga el IMSS.

Y una gran mayoría piensa así y por lo tanto, el deporte nacional pareciera la “defraudación a la seguridad social”, pues para no pagar tanto, se da de alta al obrero con un salario menor al real y todos contentos. Eso, cuando se le da de alta, que reitero, ocurre en aproximadamente diecisiete millones de mexicanos cuando los que laboran para otra persona somos poco más de sesenta millones. Es decir, la población económicamente activa es mucho mayor que el número de inscritos en la seguridad social.

Y claro, si el Seguro Social tiene que atender con lo poco que le cobra a diecisiete millones a un total de casi sesenta millones, incluyendo esposas, hijos y padres, por supuesto que no le alcanza ni le alcanzará nunca y cada día será peor, por más que suban las cuotas.

Aquí es donde reitero la propuesta que ante usted mi caro lector he venido haciendo valer. Que todos y cada uno de los mexicanos seamos titulares de nuestra propia seguridad social mediante el pago de un impuesto indirecto que no se siente y que sí será capaz de brindar seguridad social a toda la población.

Es decir, si como están las cosas ahora se le permite al patrón dar de alta a trabajadores mediante el pago de cuotas sencillas ante el IMSS y no con toda la parafernalia que actualmente existe, si para estar dentro de la ley y ser un trabajador formal lo único que requieres es pagar con IVA lo que compras, la población buscará la forma de hacerlo, de pagar el impuesto de aportación de seguridad social indirecto, IASSI como lo he llamado, de manera que se vayan generando derechos frente al Estado como garante de la seguridad social, pero también, para cada uno por el solo hecho de ser mexicanos.

Es buscar una solución ganar-ganar, que permita proteger al obrero y también, que busca la manera de conseguir que el país sea más productivo. Una solución que a todos favorece y a nadie lastima.

Cierto, quien más pague tendrá mejor seguridad social. Eso es cierto. Pero también, hay que puntualizar que será delito utilizar dinero de la empresa para hacer compras y pretender que los puntos del IASSI se adjudiquen al comprador, persona física. Ya está desarrollado, lo único que falta es la voluntad política para hacerlo realidad.

Me gustaría conocer su opinión.

Vale la pena.


*José Gómez Porchini es un eminente jurista mexicano especialista en Derecho de la Seguridad Social y abogado litigante en Derecho laboral, analista y comentador en diversos medios de comunicación y catedrático del ITESM.Director de CALMECAC
Comentarios: jmgomezporchini@gmail.com

La traición de los intelectuales

Autor: Teresa Da Cunha Lopes**

Título: La Traición de los Intelectuales*

El intelectual en las primeras décadas del siglo XX ( el siglo pasado) estuvo sometido , según Raymond Aron , a la estupefaciente fascinación del marxismo. Sobre este punto Jose Luis Aranguren , en una de sus columnas políticas comentaba :"digamos nosotros, con acentos menos psicodélicos , que por entonces todos pasamos por el marxismo ." O sea , todos de cierta forma , hasta Malraux, fueron , si no militantes, "compagnons de route". durante esas décadas a las cuales, después del libro de François Furet , llamamos el "pasado de una ilusión ".

Pero, tal como lo he escrito en una crónica anterior , publicada en mayo, a lo que asistimos es a la traición de los intelectuales, integrantes de la academia que han estado pasivos, autistas frente a la(s) realidad(es).. Un mundo intelectual que ha estado en estado de hibernación. Como consecuencia de esta marginalidad asumida por todos y cultivada por algunos , los intelectuales ( leerse , los académicos ) ,vistos desde el mundo real (o sea desde fuera de la burbuja de la academia), no servimos,aparentemente,, para nada, sólo para criticar ,solo para dar lata. .Este es un discurso repetitivo que escuchamos y leemos a cada rato. Que ya aburre.

En nuestra defensa, yo diré que algunos de nosotros , es bien verdad ,somos un poco como Jon Snow en el Juego de Tronos . Por momentos , también servimos para proponer modelos que parecen irrealizables y a que otros llaman de utopías, pero que nos llevan a las vías posibles de la supervivencia como individuos y como civilizaciones.. Nos abren las puertas de los futuros híbridos.

Ahora bien estas "utopias" no son ni vanas ni absurdas , si visiones del futuro articuladas que pueden transformar la sociedad . Sin embargo, como dejamos su implementación en manos de los de siempre, de "los políticos" , por supuesto esta transformación es siempre tardía , mal hecha o simulada.

Políticos cuya acción, o mejor inacción , es enmarcada por su pertenencia a los partidos políticos. Lo que muchas veces olvidamos es que los partidos deben ser considerados , si no como un mal necesario , sí como una herramienta ,un instrumento político que debe ser vigilado desde la ciudadanía , desde la base , para que no se le evapore la naturaleza democrática . Con todas las reservas que su funcionamiento nos merezca, ahí están. Pero nunca podrán ser la vanguardia , ni liderar la transformación a pesar de la errada convicción de Lenin.

Es altura del despertar de los intelectuales, es el momento de retomar la tradición de vanguardia. Es necesario reivindicar el liderazgo intelectual que aporta positivamente al debate informado y crítico sobre todas las cuestiones relacionadas con nuestro presente y sobre los futuros híbridos. Caso contrario continuaremos en una trayectoria de marginalización voluntaria que nos transforma en traidores a la sociedad, de la cual emergimos, de la cual somos parte integrante y para la cual debemos trabajar.

Nuestro paradigma debe ser basado en el reconocimiento de la fuerza de la sinergia de las ideas y del trabajo de grupos y de redes de investigación, debate y desarrollo. Tal como lo decía Teillard de Chardin a Georges Magloire : “Rien dans l’univers ne peut résister à l’ardeur convergente d’un nombre suffisamment grand d’intelligences groupées et organisées ».

No podemos continuar como si no hubiese nada en nuestras sociedades que permita la violencia protegida por estructuras construidas con la complicidad del silencio de amplios sectores. Estamos obligados como investigadores, como comunidad científica, a hacer una reflexión a fondo, y liderar la apertura del debate público, sobre los conceptos de “estado fallido”, de “narco estado”, sobre los movimientos sociales, sobre las “autodefensas”, sobre las diferencias entre seguridad nacional y seguridad pública, sobre el estado de derecho constitucional, sobre la pobreza, sobre la distribución de la riqueza, sobre las brechas digitales, sobre la transparencia, sobre la discriminación y la equidad, sobre las capacidades productivas, las tecnologías, sobre las estructuras de trabajo, las demografía s y la seguridad social. Pero también sobre las nuevas tecnologías, sobre las energías alternativas, sobre los nuevos procesos económicos y sobre los sistemas post capitalistas.

Estamos obligados a analizar la definición de las políticas públicas, la responsabilidad de los servidores públicos, estudiar a fondo las funciones, obligaciones y sobretodo los límites de la acción del estado para con sus ciudadanos, frente a sus ciudadanos y por sus ciudadanos, en el siglo XXI.

He siempre defendido y continuo creyendo que hay que cuestionar también, desde la academia, lo que permite la existencia, desde el aparato de estado, de torquemadas, inquisidores, guerreros desbocados, manipuladores de elecciones, corruptores de masas, defraudadores del erario público, y lo que impide la luz, los valores de libertad y la filosofía como eje central de nuestras sociedades.El intelectual y la academia deben retomar su posición central en este debate, que subrayo,  ocupa el espacio dejado vacío por el debate político ausente. Debate que complementa al otro, al debate en la opinión pública, distorsionado por una maqila de la comunicación de masas  controlada por grupos de interés.

No es un tema sencillo, no son temas sencillos, y aunque he reconocido que nos corresponde hacer un debate dentro de la academia, este debate no debe permanecer en la torre de marfil de nuestros centros de investigación, sí debe ser realizado entre la academia y la sociedad. Por otro lado, de cierta forma abogo por conducirlo desde la perspectiva de occidente, porque defiendo que el mismo debe estar inscrito en el paradigma de los derechos humanos.

El intelectual (uso este término en la definición francesa de la intervención del grupo en el espacio del conocimiento y en el espacio político), en los últimos años, ha dejado esta reflexión, la más polémica de sus actividades sustantivas, para el final de su lista de acciones. Se ha paulatinamente convertido en el “especialista” que no opina fuera de su microscópico tema de investigación, o en el “tecnócrata” que ejecuta un proceso que no cuestiona.

Esta reducción de la función del intelectual al mero rango del “especialista” y de la academia a la una unidad de producción de “competencias y destrezas” para un mercado, ha sido fatal para nuestras sociedades. Antes, en el pasado reciente del siglo XX, el intelectual advirtió contra las voces que producían a los totalitarismos, y señaló los retos de los futuros posibles, abrió el debate sobre las libertades y cuestionó el uso de los productos y posibilidades del propio progreso tecnológico. Creó sistemas de pensamiento, leyes del universo y participó en los grandes movimientos políticos. Fue el siglo de Einstein y de Borg; de Sartre y Aron; de Keynes y de Hayek.

Hoy, por hoy ha dejado de lo hacer. Ejecuta procesos, observa pasos metodológicos, produce tablas comparativas, es un elemento esencial en del complejo militar-industrial. Incapaz, por su propia formación de asumir el papel del visionario o el método del filosofo ante los problemas actuales, todo lo que puede hacer es una simulación de “reformas” enmascaradas en una terminología repetitiva: credibilidad, disciplina presupuestaria, recorte al gasto público, bonos europeos, troika, fondo europeo de estabilización financiera, edge funds, etc, etc.

En el momento actual, cuando hace falta, rápidamente, parar a la extrema derecha xenófoba, cortarles el camino a los autoritarismos, y estar alertas contra toda forma de amalgama entre estado y crimen organizado, cuando los deseos de venganza ciega que solo pueden añadir odio al odio atacan los cimientos de los avances de las últimas décadas en materia de derechos humanos, el intelectual, la academia y los intelectuales están en silencio y, por veces imposibilitados, de crear el debate profundo, urgente y necesario sobre la sociedad fracturada y el fin de la abundancia.

Este silencio cómplice, o esta imposibilidad auto construida de acción, constituyen una traición, porque el intelectual y la academia se dejaron reducir al analfabetismo funcional del “especialista”, en el mejor de los casos, o bien se dejaron hipnotizar por las prebendas de la cercanía al poder, que confunden con el ejercicio del poder, sin identificar que las mismas solo son cuentas de color y espejitos que cambian por el “oro” de la legitimación que otorgan a regímenes impresentables, a violaciones continuas de la dignidad humana, a opciones pseudo reformistas.  Es el momento de pasar de la traición al despertar de los intelectuales.


*El título de la columna es un discreto homenaje a Julien Benda y su obra del 1927 “La Trahisión des Clercs”

***Teresa Da Cunha Lopes es Profesora-Investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y del CIJUS /UMSNH/ SNI nivel I y Perfil PRODEP

¿Porque es importante conocer a la política y a la ciencia política?

Autor: Sergio Alberto Nájera Villegas*

Título: ¿Porque es importante conocer a la política y a la ciencia política?

Actualmente un fenómeno muy común en la vida diaria es confundir los conceptos de Ciencia Política y Política, es decir, es muy frecuente confundir la disciplina científica y la actividad práctica, respectivamente.

Otro fenómeno ligado (y derivado) del anterior lo constituye el hecho de que la población residente de un país cada vez ve con menos crédito a la política y, como consecuencia, aumente cada vez más el distanciamiento existente entre ambos, pero este distanciamiento es resultado de la percepción que la gente tiene al oír la palabra política, ya que generalmente la relacionan con disputas por el poder, caminos torcidos o, simplemente, una actividad que sirve para el autoaprovechamiento de los intereses individuales de un sujeto.

Generalmente los conceptos de dominio público carecen de exactitud como para ser tomados a la hora de emprender labores académicas, tratando de establecer un concepto útil para la palabra política nos remitimos a lo dicho por Max Weber en la conferencia que dictó bajo el título de “La política como profesión” en donde establece que con el concepto política pretendemos entender (o insinuar) toda dirección o influencia en la dirección de una asociación política, es decir, de un Estado. Bajo estas premisas formula su definición de política al asentar que es la aspiración por participar del poder o por influir en la repartición del mismo dentro de un Estado entre los grupos humanos que lo componen.

Dependiendo de la tesitura y del contexto que se maneje podemos hablar de distintos enfoques o conceptos de la palabra política, teniendo de esta manera un enfoque normativo (lucha por el recto orden), un enfoque orientado por el conflicto (una lucha por el poder); desde otra perspectiva también podemos encontrar una definición de acuerdo al interés cognitivo que tengamos, dirigiendo así su función en relación a su tecnicidad, fundamentos normativos y un sentido emancipatorio para el hombre en donde éste es iluminado y liberado (no totalmente) de la dominación.

La política busca generalmente el establecimiento de normas con carácter vinculatorio a aplicar en una sociedad, de aquí podemos inferir que la política abordara la dirección y funcionamiento de los procesos sociales, pero siempre sujetos a determinadas reglas generales.

Para poder comprender todo aquello que implica la actividad política (sistemas políticos, variantes entre los mismos, transiciones de uno a otro), conviene tomar como referencia al tratamiento que los anglosajones dan al término “política”, de acuerdo con esta visión el término “política” es poseedor de tres dimensiones que comprenden a la totalidad de las instituciones políticas, los procesos políticos y las decisiones políticas, tanto en su sentido material y de contenido (polity, politics y policy).

Al primero corresponde la dimensión formal de la política, es decir, abarca la dimensión institucional de la política así como todas aquellas formas y estructuras en las que se desarrolla. A la segunda le corresponde abordar los procesos a través de los cuales los actores políticos tratan de encontrar soluciones a los conflictos que se le presentan derivados de la diversidad de intereses que un sistema político contiene en sí mismo. La última dimensión versa sobre los distintos aspectos de contenido de la política, es decir, los actos expresados a través de programas, objetivos, valores, concepciones, etc.

Sobra decir que estas tres dimensiones se encuentran íntimamente ligadas y como consecuencia mantienen una constante influencia que, frecuentemente, las hacen ser unas productos de las otras y viceversa, actuando como condicionantes.

El objetivo que persigue la política es una correcta estructuración de los asuntos públicos del Estado (orden y seguridad de la comunidad), lo que concuerda con una de las respuestas a la constante interrogante de cuál es la esencia y raíz de la política: la realización del bien común; por el contrario existe otra respuesta a la pregunta hecha a la política acerca de su esencia y esta es, simplemente, la lucha por el poder.

Partiendo desde la antigüedad podemos rastrear tres diferentes raíces de la política, y estas son: la politológica que busca el buen orden, la demonológica que busca el poder del Estado y, la escatológica que postula la gran transformación y el conflicto íntimo.

En cuanto a sus funciones tenemos que debe cumplir con aquellas funciones sociales que coadyuven para que el hombre logre su plena realización como persona, y estas son: la función del sustento, la función de la formación, la función de la integración a la vida social, la función del aseguramiento y del orden social logrado a través de la política.

No podemos negar que en el centro de la política está la obtención del poder, la cuestión es ver como es aplicado ese poder y, sobre todo, cómo reaccionan los ciudadanos ante la aplicación del mismo, en otras palabras, primero hay que analizar al poder en sí y, en contraparte, a la educación política o configuración de la vida pública.

Para que el político se desarrolle y permanezca en los puestos de poder en los que realiza su actividad, es menester de éstos ser capaces de contar con un temple y fortaleza que le permitan introducir la disciplina indispensable para la subsistencia de la comunidad.

Son tres las cualidades o virtudes esenciales con las que debe contar todo buen político, si se jacta de serlo, y estas son: la pasión por lo que hace, la responsabilidad como cualidad psicológica de un buen líder y el sentido de la proporción o mesura que le permita mantener una concentración y tranquilidad internas a pesar de la realidad que lo envuelve.

Por su parte, podemos decir que la ciencia política es la disciplina que se ocupa de la interacción producida entre las personas integrantes de una sociedad, en este sentido un verdadero pensamiento politológico debe de abarcar el criterio del poder, de la paz y del bien común, de manera que conjugue las diferentes posturas que hay al respecto y las considere como complemento, una de la otra, y mutuamente una fuente de enriquecimiento.

Podemos decir que el politólogo (el que conoce acerca de la Ciencia Política) no es un político dado que el politólogo se define como un científico que estudia, observa e interpreta a la política y a sus actores, razón por la cual es menester manejar una sana y correcta distancia frente a su objetivo de estudio tratando de mantener una postura completamente objetiva con respecto de las controversias suscitadas al interior de la política, cosa que no es obligatoria observar para todo aquel que si desee ser actor político (entrar a la profesión política).

Cuando hablamos de una investigación politológica hablamos de una investigación de carácter empírico y analítico, en la cual es necesario, primero, observar y analizar aquellos fenómenos objetos del análisis (descripción) para luego estar en condiciones de plantear posibles respuestas a las interrogantes de dichos fenómenos (teoría), luego viene la confirmación empírica de la realidad en donde se confirmaran o refutaran las respuestas planteadas por el politólogo (análisis empírico).

La Ciencia Política, al igual que muchas otras ciencias, se encuentra interrelacionada con muchas otras, con las que comparte el objeto de estudio o incluso hasta el método, tal es el caso de la Filosofía, con la que comparte el interés por la teoría política, con las ciencias jurídicas comparte principalmente el interés por algunos temas del derecho público, también guarda estrecha relación por temas de la economía (principalmente por la administración pública, sin dejar de lado a las ciencias históricas las cuales son parte y condición del trabajo politológico).

En cuanto la división de las ramas políticas, podemos decir que existen varias y muy diferentes en relación con el contexto temporal en el que nos encontremos situados y sobre todo por el organismo o entidad que realice la división, sin embargo la división prevaleciente (que es la clásica), contempla tres divisiones básicas a saber: Teoría política, Política interior o estudio comparado de las formas de dominación y, Política exterior o internacional.

El estudio de esta disciplina científica (politología) debe de contar con características especiales como: conocimientos sobre la estructura institucional de los sistemas políticos, conocimientos sobre la organización y el tránsito de los diversos procesos dados en la voluntad política, capacidad de analizar las principales teorías políticas, jurídicas y económicas de los sistemas jurídicos a nivel internacional; el estudioso de la Ciencia Política desarrollara otras habilidades como la apertura y flexibilidad en el manejo de los diferentes temas que surjan, destreza y pericia para expresarse oralmente y por escrito así como la capacidad de formular tesis y argumentos claros y precisos, capacidad en la reflexión de los problemas propios de la disciplina así como capacidad para ejercer el pensamiento conceptual.

Como podemos ver la política no es asunto exclusivo de unos cuantos, por el contrario es un asunto concerniente a todos los ciudadanos de un Estado, por lo que debemos involucrarnos en conocer y entender la actividad política, como ciudadanos nos toca estar bien informados de lo que sucede en las distintas esferas de la vida pública del Estado, y así conocer las anomalías que se podrían presentar, corregirlas y alertar sobre posibles actos de corrupción de los “actores políticos”.

Nuestra sociedad necesita un cambio moral en el ejercicio de gobierno, esto exige una actitud activa e integradora de los ciudadanos y de los políticos si de verdad queremos tener estándares elevados en lo que respecta a la búsqueda del bien común, la democracia y derechos humanos.

Para cerrar dejo dos interrogantes al respecto que hacen una llamada urgente a la participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos de dirección de un Estado, la primera es: actuando como se ha hecho hasta el momento ¿verdaderamente estamos a la altura del rol que nos toca desempeñar dentro de la vida pública de un país? y, la segunda: ¿son malos los gobiernos porque han sido elegidos por malos electores, o son malos los electores porque han elegido malos gobiernos?

*Sergio Alberto Nájera Villegas, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH en el año de 2009, actualmente cursa el 3er. semestre de la Maestría en Derecho con Opción Terminal en Ciencia Política en la División de Estudios de Posgrado de la UMSNH

El Contrato de Dominación. ¿Otra Constitución es posible?

Autor: Nilda Garay Montañez*

Título: El Contrato de Dominación. ¿Otra Constitución es posible?

En enero de 2015 las elecciones en Grecia prometían cambios. Syriza se impuso al partido conservador Nueva Democracia que ocupó el segundo lugar. La tercera fuerza política más votada fue el partido neonazi Aurora Dorada. Europa –y el mundo- estaba atento al nuevo quehacer político de Syriza. Sus propuestas generaban incertidumbre al orden establecido por el neoliberalismo que viene afectando al corazón de Europa y esperanza en la población empobrecida. España estaba expectante.

De momento, no se atisban cambios históricos. La ausencia de mujeres en el gabinete del nuevo Gobierno refleja las relaciones de género de la sociedad. Su programa apartaba el problema de la desigualdad de las mujeres priorizando su atención a la crisis económica. Al no alcanzar mayoría absoluta ha pactado con Griegos Independientes –ANEL- partido conservador, nacionalista, antiinmigración, defensor del Estado confesional y de la familia patriarcal. En este nuevo escenario la presencia de Aurora Dorada que se legitima con propuestas raciales es importante.

Vemos que en el siglo XXI, en -la cuna de la democracia y origen de Occidente- Grecia, el contrato históricamente determinado por las ideas raciales y de género pervive. Si bien, se ha recreado mostrando otras formas, se observan las mismas dimensiones que conformaron el contrato original del siglo XVIII que Carole Pateman llama el contrato de los colonos. Un contrato de carácter patriarcal pensado y pactado por determinados hombres europeos blancos en favor de sus intereses. En 1988 Pateman explicó cómo dicho contrato implicaba también un contrato sexual por el cual las mujeres quedaban subordinadas a los hombres. Tras 25 años de haber publicado The Sexual Contract concluye que el contrato original tiene tres dimensiones: el contrato social, el contrato sexual y el contrato racial. Tres dimensiones simultáneas que sirvieron para sellar el contrato, la Constitución. En las tres dimensiones históricas radican los vicios del constitucionalismo. Vicios del contrato que también constata Charles Mills en The Racial Contract de 1997. Los contratos social, sexual y racial conforman el Contrato de Dominación consagrado por el constitucionalismo hegemónico. Contrato que servirá para afianzar el capitalismo.

La historia del constitucionalismo demuestra cómo planteamientos teóricos de Bodino, Hobbes, Locke y Rousseau fundamentaron el Contrato de dominación. Teorías que influyeron en las primeras Declaraciones mediante las cuales se excluyeron a los hombres no occidentales (considerados “no blancos”) y a las mujeres. Teorías llevadas a la práctica por hombres libres e iguales mediante el contrato social para mantener las relaciones de dominación-subordinación. Frente a aquellas teorías estuvo presente un contrapoder conformado por movimientos contestatarios.

A la Declaración de Independencia de 1776 de las colonias estadounidenses le contestó un pensamiento feminista liberal apoyado por Paine, Abigail Adams, etcétera. Las propuestas para terminar con la esclavitud de los negros que se plasmaron en el primer borrador del texto de la citada Declaración. En 1848, en Seneca Falls, un feminismo estadounidense inspirándose en la Declaración de 1776 contestaba su contenido de dominación.

A la Declaración francesa de 1789 le impugnó un constitucionalismo feminista desarrollado en la Ilustración y que se visibilizaría con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, de 1791. Además, le contestó un constitucionalismo antiesclavista llegando a su punto álgido con la revolución haitiana (1791). La Declaración de Independencia de Haití de 1804 develaba cómo el color de piel venía siendo introducido como elemento importante en la Teoría del Contrato que ya se había adherido en la Constitución francesa.

En el primer constitucionalismo liberal español el criollo, que no era tratado como “blanco” en Europa, exigió la igualdad en la Metrópoli siendo ésta una de sus primeras reivindicaciones en las Cortes de Cádiz. Conseguida aquella igualdad, los diputados americanos participaron en las Cortes apropiándose de las reglas del contrato de dominación. El Reglamento para el Gobierno Interior de las Cortes (1810) que aprobaron criollos y españoles prohibía la entrada a las mujeres. El contrato de 1812 que elaboraron limitaba el acceso a la ciudadanía a los indígenas, las castas (hombres de origen africano) y a todas las mujeres.

Históricamente, la cara visible del contrato, la Constitución, viene siendo interpretada sobre la base de aquellos vicios. En el constitucionalismo estadounidense, recordemos la sentencia Dred Scott v. Sandford (1857) que considera que los negros no formaron parte del poder constituyente (no fueron contratantes). Su ordenamiento jurídico interno negó durante mucho tiempo la ciudadanía a las poblaciones nativas. Desde el siglo XX el Parlamento viene obstruyendo la aprobación de la Enmienda de Igualdad de Derechos que proscribe la discriminación por sexo. La discriminación racial se extiende a la ciudadanía de origen no occidental (poblaciones latina, asiática, árabe, entre otras). Recordemos, por ejemplo, los casos Korematsu v. United States (1944), United States v. Brignoni-Ponce (1975) y Arizona v. United States (2012) que avalan el perfil racial. En Francia y en el resto de Europa la ciudadanía originaria de las excolonias y el colectivo gitano no logran ser miembros iguales del contrato. La asimilación no ha superado los conflictos. La gente considerada “no blanca” no se siente parte igual de un contrato profundamente blanco. El espacio público oficial les es negado, de ahí la proliferación de los petit apartheid. Lo mismo sucede con las mujeres, no se identifican con un contrato profundamente patriarcal. En el constitucionalismo actual aún se discute la paridad entendida como democracia real; perdura la brecha salarial de género; se impugnan las leyes contra la violencia de género, se cuestiona el ejercicio pleno de sus derechos. En suma, un contrato viciado por el patriarcado atenta contra la dignidad de las mujeres. Los partidos políticos aupados con sus programas racial y patriarcal deciden en los Parlamentos del siglo XXI. Sus discursos nacionalistas, patriotas y patriarcales confluyen recreando aquellos vicios históricos. Siendo de distintas ideologías pactan reinventando las herramientas de la relaciones de raza y género perpetuando el contrato social excluyente.

España no es ajena a estos problemas. En plena crisis económica, como en Grecia, se plantea la posibilidad de un nuevo contrato, de una nueva Constitución. La Transición española no supuso una ruptura que todo proceso constituyente conlleva. El contrato actual carga rémoras no democráticas. En 2011 se reformó la Constitución para priorizar el pago de la deuda externa. Esta reforma constitucional significa el robustecimiento del contrato de dominación ya que aumenta la desigualdad. Este contexto estaría generando la necesidad de elaborar una nueva Constitución. ¿Qué tipo de contrato queremos? ¿Un nuevo pacto de dominación como el que históricamente venimos imitando desde el siglo XVIII? ¿Meras reformas al contrato social, racial y sexual que hemos heredado del pensamiento dieciochesco? ¿Cómo renegociamos el contrato de la Unión Europea que ahora se reinventa hablando de los PIGS o de la Europa de las dos velocidades? ¿Somos conscientes que los cambios históricos pasan por la superación de los vicios del contrato original? Parece ineludible poner en el debate los vicios del contrato que sustenta nuestro edificio constitucional. El contrato de dominación no se habría podido llevar a cabo sin la legitimación de aquellos vicios que son constructos sociales. Y, al ser construcciones sociales cabe la posibilidad de cambiarlos. ¿Reformamos el contrato viciado o inventamos otro?

Publicado en Contrapoder, El Diario.es, 23 de febrero de 2015, disponible en: http://www.eldiario.es/contrapoder/contrato_dominacion_6_359824054.html

*Nilda Garay Montañez es Profesora de derecho constitucional en la Universidad de Alicante. Doctora en Derecho. Cofundadora de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Integrante de la Asociación peruana de constitucionalistas.

El Mito de la Intimidad en la Red

Autor: Teresa Da Cunha Lopes*

Título: El Mito de la Intimidad en la Red

La Intimidad no existe en Internet, o mejor nuestra expectativa de ejercicio de un derecho a la Intimidad en la red es un nado muerto . Las nuevas estructuras de interacción de las sociedades contemporáneas han aumentado la capacidad de las personas para conectarse y colaborar con terceros más allá de su ubicación física inmediata. También han aumentado las posibilidades de ruptura de la seguridad de nuestros datos personales y de violaciones a nuestro derecho a la intimidad en Internet. En particular, las redes sociales, nos han colocado en el centro de una “casa de cristal” abierta a todos los “voyeurs” globales. Somos “visibles” en todo momento, pero , y, en esta paradoja reside el peligro para nuestras libertades y derechos, raramente podemos ver o controlar a quién nos vigila.

Estos cambios son a menudo considerados, tal como lo propuso Castells , como un cambio en la democratización de las relaciones sociales y políticas de los espacios territoriales relativamente cerradas de los estados-nación para abrir, las relaciones en red que atraviesan el globo entero y, transforman lo universal en una “aldea global”.

Otros, como Morozov , apuntan para la emergencia de contornos de un nuevo espacio- hiperconectado, transfronterizo , cibervigilado, difuso- con nuevas formas de represión individual y colectiva, cuya columna vertebral es Internet, y que potencian las capacidades de los estados totalitarios, de los regímenes autocráticos para avanzar para estructuras orwellianas. Sea como sea, estamos entrando en la Telepolis[i], de que habla Javier Echeverría.

Esta interpretación en “blanco y negro” sin embargo, oculta una imagen mucho más ambivalente. Es verdad que muchas redes basadas en la comunicación en Internet son relativamente abiertas, a pesar de los diversos niveles de la censura estatal y la creciente prominencia de paywalls para acceso a los contenidos. Pero, en su opuesto, muchas de las redes globales y transnacionales, que van desde agencias gubernamentales, grupos empresariales multinacionales, proveedores de servicios en red a las organizaciones cibercriminales,son tan cerradas y jerárquicas como los estados territoriales, si no más.

A esto, hay que sumar, que las redes funcionales o redes de información nuevas, a menudo crean nuevos límites, y nuevos tipos de discriminación, nuevas periferias, en que la participación depende del nivel educativo, de las credenciales sociales, del acceso a la tecnología y del control más amplio de los recursos materiales y culturales.

En consecuencia, la opacidad de las redes funcionales y las brechas digitales, anudadas a las estructuras securitarias de los estados en la era de la seguridad global, han dejado al individuo en una posición potencialmente débil en que el ejercicio de sus derechos fundamentales puede estar en recesión. El nivel que presenta los riesgos más evidentes para el ejercicio efectivo de derechos y libertades en la S.I.C. es el de la conjunción de la masificación de datos con las posibilidades de geolocalización y de producción de biopolíticas de seguridad por los estados.

En este medioambiente securitario, nuestra última barrera de defensa del derecho a la intimidad y a la protección de datos en la red- la constitucionalización del principio de autodeterminación informática- se derrumba frente al carácter difuso de la soberanía en la sociedad de la información y al problema de la definición de las jurisdicciones y de los órganos de tutela de nuestros derechos fundamentales en Internet que son deficitarios para contrarrestar las posibilidades tecnológicas del cibertotalitarismo.. Es altura, por lo tanto, de pensar en un encuadramiento normativo y en órganos de tutela supranacionales.

El cambio de paradigma en este campo es urgente. Hemos entrado, por un lado, en una era de masificación de la recolección y almacenamiento de datos, conocida por los expertos como “Big Data” [ii]o sea en la revolución de los datos masivos . Por otro lado, en la era del cloud computing, en que toda la información se encuentra en manos de servidores controlados por proveedores multinacionales, ubicados físicamente en territorios que salen fuera del control jurisdiccional de nuestros tribunales. Es un universo (universos) en que el individuo está sumergido en un océano de información y, a su vez, es la fuente primera de datos.

Datos ya no son analizados (ni pensados) como algo estático cuya utilidad deja de existir cuando la función para la cual fueron recabados, almacenados y tratados se realiza. Tal como lo afirman Mayer-Schönbergen y Cukier[iii]: “Los datos se convirtieron en una materia prima [...]. Los datos pueden reutilizarse inteligentemente para convertirse en un manantial de innovación y servicios nuevos. Los datos pueden revelar secretos a quienes tengan la humildad, el deseo y las herramientas de escuchar”.

En esta nueva etapa tecnológica, los algoritmos de búsqueda permiten acceder y agregar datos personales dispersos que de esta manera facilitan- a buscadores, gobiernos, agencias de inteligencia, empresas- un perfil de la persona afectada, cosa difícilmente realizable sin ellas, al menos no sin abonar unos costes muy elevados.

También permiten poder conocer las actividades realizadas al navegar por Internet, saber si se visita una página u otra o si se compra determinado producto, o cuáles son nuestras preferencias políticas y nuestro círculo de relaciones sociales, laborales y familiares. Todo eso sin que la persona afectada tenga conocimiento de ello y sin dejar, prácticamente, ningún rastro o huella de esta vigilancia continua.

En este contexto , el individuo no puede realizar ningún control sobre esos datos ni sobre el uso primario o derivado que de ellos se realiza.Para contrarrestar los riesgos inherentes a esta ausencia de control sobre las esferas de la intimidad y de la privacidad en la red, deben establecerse algunos nuevos principios generales[iv] si se desea que los ciber-ciudadanos estén mejor protegidos y tengan un control funcional sobre su entorno .

O sea, tenemos que ir más allá del ejercicio de los derechos ARCO y del acotado ámbito de tutela del IFAI y, construir una nueva panoplia de instrumentos de control de nuestra información y de defensa jurídica de nuestros datos personales que pasa por la implementación de nuevos principios y de nuevas reglas.

Ahora bien, en la era del Big Data y de la NSA, ese control “funcional” no es posible sin el ejercicio del derecho al olvido (tipificado en base a los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea[v]) y, de la aplicación del principio de encriptación y anonimato reversible .

Por un lado, ejerciendo el “derecho al olvido”, el individuo debe tener la posibilidad de defender su derecho “funcional” a la protección de datos en Internet contra la capacidad tecnológica de procesamiento de datos mediante un motor de búsqueda. Si, tal puede tener implicaciones de privacidad más importantes para un individuo, también podríamos argumentar que la eliminación de los datos de un motor de búsqueda en lugar de una página web también toma en cuenta la necesidad de proteger la libertad de expresión , ya que impide el acceso fácil a los datos para un mayor número de individuos, pero no elimina la información del soporte original .

Por otro lado, el derecho del ciber ciudadano al anonimato debe ser establecido en oposición a intereses mayores de Estado, el cual podría imponer restricciones si fuesen necesarias “para proteger la seguridad nacional, defensa, seguridad pública, [y para] la prevención, investigación, detección y persecución de delitos”, siempre y cuando para tal exista un fundamento normativo reforzado por un mandato judicial.

Lograr un equilibrio entre la monitorización legítima de delitos y el derecho a una la Protección funcional de Datos personales no es solamente aconsejable o deseable. En la actual encrucijada, es la diferencia entre vivir en un mundo a la “1984” o mantener y fortalecer las libertades y derechos individuales propias de las sociedades democráticas.

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Notas:
[ii] “Big Data” es una expresión anglosajona que hace referencia a los sistemas que manipulan enormes cantidades de datos. Podría traducirse al castellano como “datificación masiva”, pero la mayoría de los autores usa el término inglés.

[iii] MAYER-SCHÖNBERGEN y CUKIER, Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think. Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

[iv] Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) , Guide to information security, consultado en : http://www.oaic.gov.au/images/documents/privacy/privacy-guides/informati...

[v] DA CUNHA LOPES, T. : Análisis de los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-131/12 [. Revista Internacional de Ciencias Jurídicas (RICJ). 21 de mayo 2014, Consultado en : http://revistainternacionalcienciasjuridicas.org/article/las-nuevas-fron...., 2014

**Teresa Da Cunha Lopes es Profesora-Investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y del CIJUS /UMSNH/ SNI nivel I y Perfil PRODEP

Acceder a la Información

Autor: Columba Arias Solís*

Título: Acceder a la Información

Un régimen democrático implica la existencia de un verdadero estado de derecho, que cuente con instituciones garantes del mismo, con principios como el de la libertad de expresión, de la que emerge el derecho a la información en el cual a su vez coinciden varias libertades: la de opinión, la de expresión, la de prensa y la de información (Ricardo Cortés 2005), pero además, requiere de ciudadanos informados y de autoridades obligadas a hacer públicos sus actos, es decir, de la existencia y cumplimiento del derecho a la información.

En México, durante muchas décadas ha prevalecido lo que diversos analistas llaman la cultura del secreto, mediante la cual y esgrimiendo como escudo las razones de seguridad nacional y necesaria confidencialidad, las autoridades han negado al ciudadano el conocimiento y la entrega de información pública.

Un arduo camino ha debido transitarse para arribar a la existencia de las reglas que obliguen al acceso a la información y a la transparencia en el quehacer público, debieron pasar 60 años luego de la Constitución de 1917, para que pudiera modificarse el artículo 6º y se adicionara que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”, mientras que la declaración Universal de los Derechos del Hombre desde 1948 lo recogía ya como un derecho fundamental.

Uno de los primeros ejercicios solicitando información de entes públicos, fue realizado por la Asociación Alianza Cívica en el año de 1995, quien con fundamento en el artículo 8º de la Constitución, requiriera al Presidente de la República, entre otra información el organigrama y las funciones de las oficinas de asesores del Presidente, la forma en que se ejerció la partida presupuestal asignada a las oficinas del Presidente, el monto de su ingreso mensual incluyendo bonificaciones y compensaciones, sin que después de un año a partir de la solicitud hubiera una respuesta de la Presidencia, de tal forma que iniciaron un juicio de amparo, cuya sentencia obligó a la Presidencia a responder la petición. Así que un año después de la solicitud, la Unidad de Atención Ciudadana de la Presidencia, daba respuesta a los cuestionamientos formulados por Alianza Cívica.

Así las cosas, en México durante años los asuntos públicos han sido un tema privado, de tal forma que las actividades, el desempeño de las distintas autoridades permanecieron lejanas e inaccesibles a la ciudadanía, cuestión que para diversos analistas contribuyó a debilitar la legitimidad del ejercicio público.

Apenas en nuestro país, el 11 de julio de 2002 se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y al siguiente año y en el mismo mes y día se publicó el Reglamento de dicha Ley, lo cual constituyó un avance importante en el acceso a la información pública que es una vertiente del derecho a la información, comenzando a resquebrajar la tradición de la cultura del secreto; vale señalar que esta Ley fue el resultado de muchos años de esfuerzos de diversas agrupaciones y ciudadanos que se empeñaron y trabajaron en aras de lograr un instrumento que garantizara la transparencia en las acciones de gobierno y el acceso de los ciudadanos a su conocimiento.

Si bien es cierto que la mencionada Ley constituye un avance de suma importancia en nuestro país, también lo es que se quedó corta en cuanto a la regulación de todos los entes públicos, así por ejemplo aunque estableció instituciones y procedimientos de acceso a la información aplicables al Poder Ejecutivo Federal, a los otros Poderes se les establecieron exclusivamente lineamientos a seguir en la materia, además de que no incluyó a los otros niveles de gobierno (estatal y municipal).

Nuevas reformas se tienen ahora en la materia, hace apenas unos días, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en México, reglamentaria del artículo sexto constitucional, luego de su aprobación por el legislativo, ha sido promulgada por el titular del Poder Ejecutivo, y con ella –según se ha dicho- se pretende desterrar la opacidad en el ejercicio público, así como fortalecer los medios de defensa de aquellas personas que solicitan información de la actividad pública.

Esta Ley obliga a los tres poderes de la Unión, organismos descentralizados, partidos políticos y sindicatos a rendir cuentas de los recursos públicos y de las acciones que como entes públicos ejerzan. Aún cuando todas las entidades obligadas por la Ley deberán cumplir con la misma a partir de su promulgación, sin embargo el Congreso se ha dado un plazo de cinco meses –hasta el 30 de agosto- para elaborar su programa de reorganización administrativa y de acuerdo con el avance de éste dependerá que asuma las obligaciones que le impone la ley.

Con la ley se homologan las facultades de los organismos encargados del acceso a la información en todo el país y se amplía la garantía de la información.

La nueva Ley se caracteriza porque amplía el número de sujetos obligados y se incluye a particulares que ejerzan recursos públicos; homologa las facultades de todos los órganos garantes de la transparencia en el país bajo una misma norma regulatoria, disminuye las causas de reserva de la información, crea consejos consultivos con la participación ciudadana a fin de garantizar la difusión de la información. Un enorme paso se ha dado en el camino de acceso a la información pública.

*
*Columba Arias Solís es Maestra en Derecho Civil y Notaria. Profesora de Derecho Administrativo de la UMSNH.Analista política en diversos medios nacionales e internacionales

Salarios y Precios: una carrera perdida

Autor: Hugo Rangel Vargas

Título: Salarios y Precios: una carrera perdida

En la teoría económica la relación existente entre los salarios y los precios es lo que determina el conocido poder adquisitivo del primero. Si un salario crece proporcionalmente por encima a los precios, se habla de incremento en la capacidad adquisitiva. En nuestro país, sin embargo, en los últimos años ha ocurrido exactamente lo contrario.

Según datos de Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, en los últimos 27 años el salario mínimo real se ha desplomado en 80 por ciento. Las comparaciones son contundentes y mientras el salario mínimo real que ganaban los trabajadores en 1987 era de 127.56 pesos diarios, esta cifra fue disminuyendo para ubicarse en 2012 en 62.33 pesos diarios, traducido en capacidad de compra, en 1982 se podían adquirir casi 19 litros de leche con un salario mínimo, mientras que el año pasado esta cifra era 4 litros y medio.

El deterioro de los salarios ha sido el sustento de una política económica que pretende lograr el crecimiento económico y la contención de la inflación a través de la restricción de los salarios. Esto significa que la contención salarial ha sido una variable que ha utilizado el gobierno de la república para estimular la inversión de la iniciativa privada y para evitar que a través del incremento en los costos por motivo de incrementos salariales, pueda ocurrir un incremento en los precios.

Las consecuencias de ello han sido nefastas para la mayoría de los mexicanos que perciben como ingreso el equivalente a un salario mínimo, esto es 2 mil 130 pesos al mes, y estas se han agudizado en el último año de la administración calderonista y en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y es que, según datos del Observatorio de Precios de El Barzón, mientras en este período el salario mínimo creció 10.7%, por ejemplo, el aumento del huevo equivale a 17 veces el incremento del salario mínimo; el del jitomate, 14 veces; la pechuga de pollo 16 veces; la chuleta de res 7 veces y en el caso del fue 4 veces el incremento observado en el salario mínimo.

Así entonces, suponiendo que una familia tuviera necesidad de comprar al mismo tiempo un kilogramo de cada uno de estos productos, en 2012 le habrían costado en conjunto $215 pesos y habría necesitado 3.4 salarios mínimos; ahora, en 2015, le costarían $402 pesos, por lo que requeriría 5.7 salarios mínimos.

En medio del debate por el incremento a los salarios mínimos, el argumento de quienes se oponen se centra fundamentalmente en que este debe corresponderse con un crecimiento en la productividad laboral. No obstante lo anterior, diversos estudios han sugerido que esta relación no existe en nuestro país. Así por ejemplo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la productividad laboral de nuestro país se compara con la de Chile, mientras que el salario mínimo es equiparable al de economías como la de Nicaragua.

Otro dato adicional lo ofrece la Encuesta Industrial Mensual en diversos años y en lo que fue de 1993 a 2008 la productividad laboral de la industria manufacturera aumentó en 83.5%, mientras que el salario real en ésta rama de la economía disminuyó en todos los años de ese período.

Derivado de lo anterior es que un acto de justicia, una reforma esperada, un mínimo guiño hacia la economía de las mayorías en nuestro país sería el de poner unos metros de ventaja a los salarios en su carrera contra los precios. Sí la agenda pública ha colocado el dedo en temas como las reformas en telecomunicaciones, la reelección de legisladores y representantes populares o las permanentes y desgastantes reformas electorales; valdría la pena que la clase política colocara, con altura de miras, un tema de las mayorías: el incremento a los precarios salarios de los trabajadores.