El futuro de los sindicatos

Autor: José Gómez Porchini

Título: El futuro de los sindicatos

En las redes sociales uno puede encontrar las mejores opiniones, a pesar de lo que acerca de ellas se dice. Eso me sucedió hoy, que opiné en el muro de un amigo acerca de los problemas de los trabajadores y las preguntas que ahí formulé, las copié y pegué en mi muro, habiendo conseguido unos comentarios excelentes.

Lo publicado era: ¿Y por qué nuestros jóvenes más preparados abandonan la seguridad de un empleo formal? R.- Por la pobreza de los sueldos, por las miserables condiciones de trabajo, por el desprecio del patrón al trabajador... ¿A qué te quedas con un patrón que te baja el sueldo cada vez que quiere? ¿Que no respeta tu dignidad como persona? ¿Que la seguridad que ofrece no garantiza nada?

Venía al caso por el tema a manejar, relativo a la falta de seguridad social de los empleos, a que ahora los jóvenes prefieren su independencia a entrar a un empleo formal y así, luchan por no tener ataduras.

Vinieron los comentarios: “Todo lo que se logró por medio de los sindicatos para protección al empleado -seguridad en el trabajo, semanas laborales de 40 Hrs, negociación de sueldo digno- se ha perdido con los nuevos servicios de "contratistas" donde los "no-empleados" son "libres" de "escoger" sus horarios, todo porque se vendió la idea que los profesionistas están por encima de los sindicatos, y se le ha restado autoridad a los sindicatos”, dijo Melba Langley y por su parte, Mauricio Martínez, expresó: “…Como conclusión, sí considero que los sindicatos son importantes y que son necesarios para mantener un estable ámbito laboral, sin embargo, hay un problema serio al que han optado por permanecer ciegos y que considero el problema más serio que deben acatar: En su afán individual por velar por sus propios intereses están ignorando la delicada naturaleza simbiótica en la que están, donde el perjuicio del otro invariablemente conlleva el perjuicio de sí mismo. Si el sindicato de patrones se limita a otorgar las prestaciones de ley y el salario mínimo en el afán de mantener alzadas sus utilidades, sus empresas tendrán un alto índice de rotación y bajos índices de productividad causados por la inconformidad de los trabajadores; de la misma manera, los sindicatos de trabajadores que exigen horarios holgados y prestaciones alzadas sin considerar que las utilidades de la empresas determinan su supervivencia, condenarán a muerte a su propia fuente de trabajo”.

De lo anterior tenemos dos posiciones que, sin ser divergentes, si son distintas para referirse a un mismo tema: el futuro de los sindicatos.

1.- Los profesionistas, los “freelance” son mejores porque pueden “escoger” horario, condiciones y casi todo, pero no tienen ni buen salario y ni siquiera las prestaciones de ley de un empleo formal.

2.- Los sindicatos (de patrones o trabajadores) que solo buscan aumentar sus conquistas, sin pensar que debe ser una política ganar-ganar, están logrando acabar con su “contrario” y al hacerlo, acaban consigo mismo. Cada paso que le ganan al otro, es un avance al precipicio para ellos mismos.

Ahora sí, voy a externar mi opinión. Yo he sabido de empresas que buscan pagar poco y mal, es decir, haciendo fraude a la seguridad social le dicen el obrero: “te doy de alta en el seguro con poco salario para que no pagues mucho de impuestos” cuando en realidad lo que hacen es evadir la carga que deberían pagar para tener la seguridad social que merecemos. Sin embargo, son los mismos que se quejan de que el Seguro Social es pésimo, que nunca hay medicinas, que el servicio es muy malo. ¿Cómo va a mejorar, si no pagan lo que se requiere?

Ahora, el joven que piensa que nunca va a necesitar seguridad social, que no se va a enfermar, ese joven busca que le paguen más, aun cuando no esté dado de alta ante el Seguro Social. El resultado es que a pesar de que en realidad tiene una relación de trabajo, tanto él como el patrón lo tratan de hacer pasar como “contratista” o como “freelance”, solo para no pagar impuestos ni uno ni otro. Claro, son los que más atacan al gobierno porque nunca sirven los servicios públicos.

En el fondo, hacer lo correcto, no exactamente lo que dice la ley, sino lo correcto, lo que sea moralmente válido, es lo que nos va a ayudar a salir del problema. Hace muchos años, las mujeres no podían votar, así decía la ley, así era lo legal, pero no era justo. Hubo protestas, gritos y se cambió el sistema para que pudieran votar. Ahora, a cualquiera se le hace lo más normal que las mujeres voten así como la igualdad de derechos.

Así ha de pasar con todo lo relativo a la ley. Es de sentimientos. Usted sabe, usted “siente” cuándo una orden, una disposición es justa y cuándo no. Muchas veces usted la acata porque es orden, pero sabe que es ilógica, que es contraria a la ley natural y también, que está produciendo resquemores en la sociedad.

Eso están logrando los sindicatos, de patrones y trabajadores. La molestia de la gente. En la forma en que han manejado sus relaciones, cuando a efecto de bajar los salarios, los patrones otorgan a los líderes premios en efectivo, vehículos, alhajas y demás signos exteriores de riqueza que a todos ofenden, en especial, a los propios sindicalizados.

Y claro, los trabajadores que aceptan esos estímulos, que saben que van en contra de los intereses de sus agremiados pero en favor de los suyos particulares, están logrando un beneficio inmediato que a la larga, será la causa de que se acaben el sindicato y también, la empresa.

Por eso ahora la idea es buscar el justo medio donde empresa y sindicato realmente busquen una relación ganar-ganar, en la que ambos vayan por la mejor fórmula para defender al que siempre debió ser el punto focal: el empleo.

Para el patrón, tener cubiertos con personal capacitado los puestos de trabajo que necesita, es un logro. Para el empleado, poder conseguir un buen puesto de trabajo, también es un logro. Por lo tanto, hacer que ambos logros sean una realidad para las dos partes, es la función de los sindicatos. Y la manera de lograrlo es haciendo que los beneficios vayan directamente a los trabajadores, que ya no se queden en los líderes. Y para la empresa, lo mejor es hacer público lo que otorga, para que todos los empleados sepan cuánto es lo que se está percibiendo. Mientras exista la opacidad en el manejo de la relación y también, de los fondos que otorga la empresa al sindicato, seguirá habiendo dudas, tentaciones y malos manejos. Y eso, ya no debe ser.

Me gustaría conocer su opinión.

Vale la pena.

*José Gómez Porchini es un eminente jurista mexicano especialista en Derecho de la Seguridad Social y abogado litigante en Derecho laboral, analista y comentador en diversos medios de comunicación y catedrático del ITESM.Director de CALMECAC
Comentarios: jmgomezporchini@gmail.com

Inseguridad sin Fronteras

Autor: Columba Arias Solís*

Título: Inseguridad sin Fronteras**

“Somos una sociedad dominada por sentimientos
de inseguridad,
sin embargo, ni la libertad ni la seguridad como
la paz auténtica, son posibles desde el miedo”.

(Ana Isabel Pérez Cepeda, en El Paradigma
de la Seguridad en la Globalización)

I.-Los hechos de violencia que en los meses recientes han sucedido en diversas partes del mundo, desde el secuestro de cientos de niñas y adolescentes por la milicia extremista de Boko Haram en Nigeria, pasando por la guerra iniciada por el grupo terrorista Estado Islámico, con la barbarie desatada contra las poblaciones de países a los que pretenden someter a su bárbaro sentido de la interpretación de una religión, hasta aterrizar en nuestro propio país con los últimos desgraciados sucesos en el Estado de Guerrero, resultan ser penosos indicadores de que la seguridad en la era de la globalización es la asignatura pendiente de muchos gobiernos en diversas partes del mundo, y que la globalización ha contribuido al incremento de la vulnerabilidad de la sociedad internacional.

Al estudiarse la inseguridad en el fenómeno de la globalización, se encuentra que en éste se han provocado nuevas formas delictivas como la delincuencia internacional organizada y el terrorismo, productos de la importación y readaptación a un nuevo entorno, de las formas delictivas adquiridas en el país de origen.

En el último informe mundial sobre la violencia y la salud presentado hace un par de años por la OMS se informó que cada año, más de 1.6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente, por supuesto esta es solamente una parte, es decir son los que se conocen, porque el propio organismo señala que la mayor parte de actos violentos que se cometen quedan sin registro.

El informe hace énfasis en que las muertes y discapacidades causadas por la violencia convierten a éste en uno de los principales problemas de salud pública de nuestro tiempo; la OMS también señala que la violencia es un problema complejo relacionado con esquemas de pensamiento y comportamiento conformados por multitud de fuerzas en el seno de nuestras comunidades y familias.

Por su parte el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) afirma en su informe que un niño muere cada cinco minutos en el mundo a causa de la violencia, y que millones de jóvenes menores de 20 años se sienten inseguros en sus viviendas, escuelas y comunidades.
En ese contexto, el Organismo subraya que la violencia no es una rareza ni algo confinado y remoto, “hacemos frente a un problema global de proporciones epidémicas”.

Es entonces la violencia un fenómeno que genera inseguridad en los ciudadanos y en los Estados, y la violencia protagonizada por la delincuencia organizada mantiene en jaque a la seguridad internacional; esa delincuencia que se manifiesta a través de las redes de narcotráfico y blanqueo de dinero, del tráfico de personas para la explotación sexual y laboral, del tráfico de armas; por ende, una de las consecuencias negativas de la globalización ha sido la transformación de la delincuencia organizada, es decir, los grupos delincuenciales, las mafias son beneficiarias de la construcción de lo que han resultado ser eficientes estructuras transnacionales.

Los estudiosos del tema nos advierten que la delincuencia hoy se extiende del típico carterista al traficante de armas, con una dimensión tal que pueden atacar países libres (ya lo estamos constatando), desafiar a los Estados con el terrorismo, pervertir el libre comercio y, tal vez –adelantan- en poco tiempo extorsionar con armas nucleares a gobiernos y corporaciones.

II.-Desde hace varios años la delincuencia organizada ha perdido su carácter regional, convirtiéndose en multinacional, por ende ha trascendido fronteras y en virtud a ese carácter internacional también desde los países de origen de los criminales se van importando y adaptando las formas de delinquir, de tal forma que diversifican y multiplican el ámbito delincuencial.

Ya desde hace diez años, la Unión Europea en su informe sobre Delincuencia Organizada, señalaba cómo las mafias búlgaras dedicadas al tráfico de mujeres para la explotación sexual, también se dedicaban a la falsificación de euros, así como al fraude con tarjetas de débito.

En tanto que las mafias albanesas diversificaron sus rubros en el tráfico de drogas, emigración ilegal y trata de personas, mientras que las chinas en el contrabando de precusores químicos, elaboración de drogas sintéticas y fraudes con tarjetas de crédito, además de la inmigración ilegal de ciudadanos chinos a quienes extorsionan y amenazan con represalias contra sus familiares en China.

Por su parte las mafias rumanas dedicadas a la trata de mujeres menores para su explotación sexual, diversificaron sus acciones con la falsificación de documentos, así como también la extorsión, el fraude con tarjetas y los delitos contra la propiedad, mientras que las bandas turcas que centraban su principal negocio en el comercio de heroína, además se introdujeron en la inmigración ilegal y la trata de personas, con negocios legales como bares y restaurantes o las franquicias de comida rápida para el blanqueo del dinero de la droga.

En el último informe sobre delincuencia organizada realizado por la Unión Europea el pasado 2013, la comisión redactora considera que el informe SOCTA de Europol 2013 estima en 3mil 600 el número de organizaciones delictivas internacionales que operan en la UE, que el 70 por ciento de esas organizaciones tiene una composición y un radio heterogéneo desde el punto de vista geográfico, y que más del 30 por ciento tiene una composición pluridelictiva.

En México, no existen informes que además de englobar las distintas clases de delitos cometidos, sean además confiables en torno a la situación de inseguridad en las diferentes entidades de la República Mexicana, ni tampoco de la totalidad de los grupos delincuenciales, y mucho menos de los negocios utilizados como fachada para el blanqueo de los capitales procedentes de los ilícitos, sin embargo, el pasado año 2013, la Organización Fund For Peace, publicaba en Foreign Policy, los resultados sobre el Índice de Estados fallidos, señalando que México aún se encuentra entre los países en riesgo de convertirse en Estado fallido al ubicarse en el número 97 de una lista de 178 países analizados “bajo estado de advertencia”..

No son de extrañar las notas anteriores, habida cuenta que una de las características más comunes de los Estados calificados de fallidos, se refiere a la pérdida de control físico de su territorio o del monopolio de la fuerza legítima. Otro más incluye la erosión de la autoridad legítima para tomar decisiones colectivas, y la incapacidad de proveer servicios públicos razonables.

Dentro de los indicadores para calificar un Estado de fallido, aplicados a México, se encuentra la desigualdad en el desarrollo económico y la existencia de aparatos de seguridad débiles.

Aun cuando la condición de Estado fallido se presenta, en la mayor parte de los casos, como resultado de guerras civiles o invasiones militares, también se aplica ante la imposibilidad del gobierno de ejercer el monopolio de la violencia o por la impunidad en la que actúan y permanecen los grupos criminales.

En varios puntos de México, los grupos criminales –por encima de las autoridades públicas- son los que ejercen el poder real y disputan al Estado el monopolio del ejercicio de la violencia, así como el cobro de impuestos, toda vez que eso viene a ser la imposición de cuotas o pagos periódicos de derecho de piso, como lo denuncia el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. Entre las entidades con las características anteriores el Consejo apunta: Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Veracruz, entre otras.

En tales condiciones, ¿será exagerado afirmar que ante la gravedad de la inseguridad, más el elevado índice de pobreza, el subdesarrollo y la crisis social, el país camina hacia la ingobernabilidad?

Si como señalan diversas organizaciones no gubernamentales, se considera la confluencia de transgresiones tales como la incidencia de homicidios dolosos cometidos por grupos armados, la impunidad con la que actúan, las desapariciones ,los desplazamientos forzados, el control territorial por parte de los grupos delictivos, el robo sistemático, el secuestro masivo (como en el caso irresuelto de los estudiantes normalistas), la trata de personas, el control de policías por grupos de la delincuencia, la intimidación a medios de comunicación y la coacción por delincuentes en actividades comerciales lícitas, poco espacio a la duda nos queda sobre el camino enfilado hacia un Estado fallido.

III.-La violencia que sucede en distintas partes del mundo, demuestra que no hay fronteras para la inseguridad, ¿cómo enfrentar entonces la violencia desatada por la delincuencia internacional? Los analistas y estudiosos del tema, entre los que destacan Anguitas y Campos Sabala, apuntan en el sentido de buscar la armonización de las legislaciones donde se tipifiquen idénticos delitos, es decir, impedir que el terrorismo o la delincuencia organizada sean consideradas en algunas legislaciones en el ámbito de la delincuencia común; lo que implica la realización de verdaderos esfuerzos –explican- de cooperación transnacional para intensificar la colaboración judicial y policial, pero además también la legislativa.

Los analistas citados reafirman que no tiene caso perseguir un delito en un país cuando en otro no es considerado como tal, y en ese sentido, pugnar porque en todos los países del mundo se reconozca como delito – por ejemplo- el tráfico de personas para la explotación sexual o laboral.

En un mundo globalizado, resulta absolutamente indispensable la cooperación regional e internacional para combatir la delincuencia también globalizada, entendiendo que no puede ser posible resolver los problemas globales en solitario.

El último informe internacional de la Criminalidad y Seguridad Cotidiana, publicado por el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), cuya sede se encuentra en Montreal, Canadá y funciona con los apoyos primordialmente de los gobiernos francés y canadiense, en estrecha colaboración con la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, hace referencia a los tres importantes temas: el crimen organizado, las tendencias de las migraciones y el abuso del alcohol y las drogas, haciendo énfasis que en muchas comunidades los temas anteriores presentan vínculos entre la opresión y la pobreza, la depresión y el abuso de sustancias.

La directora del Centro se refiere a cómo al documentar los temas del informe “que van más allá de la experiencia diaria del crimen y la violencia, enfocándose en la manera en cómo los individuos y las comunidades son el blanco de las ansias del poder y de la codicia de otros”, surgen las interrogantes sobre la gobernabilidad de la seguridad, ya que ésta última es entendida de diferentes maneras en diferentes lugares del mundo.

Así, para las comunidades que cuentan con abundantes recursos la seguridad “es con frecuencia la habilidad de protegerse contra los riesgos conocidos”, a través de la aplicación de la tecnología y de la mano de obra contra las intenciones delictivas.

¿Qué hacer entonces para enfrentar y prevenir el fenómeno delincuencial? Desde hace una década, la Organización de Naciones Unidas, estableció unas directrices para la prevención de la delincuencia, que hacen énfasis en la prevención a través del desarrollo social (o prevención social del delito), prevención a nivel local también llamada prevención comunitaria, también la que denominan prevención situacional y, la prevención de la reincidencia.

Siguiendo esas directrices, el CIPC ha identificado varios elementos que señalan como claves del éxito de la estrategia preventiva que parecen verificarse en todas las regiones donde se aplican: “el vínculo de confianza entre la población y las instituciones, particularmente la policía, la justicia y el sector educativo –dicen- contribuye directamente al éxito de las acciones de prevención y seguridad. En ese contexto –prosigue el informe- para lograr la eficacia de las políticas públicas de prevención y seguridad, parecen indispensables condiciones tales como “la legitimidad de las instituciones penales,la integridad de las autoridades, la equidad en el tratamiento de los ciudadanos, principalmente por parte de la policía.

En la parte del informe correspondiente, al señalarse la percepción de la policía en las comunidades de diversos países, refiere por lo que toca a Canadá, “aún cuando la policía es percibida de manera positiva por el 80 por ciento de la población, los servicios de policía son igualmente confrontados a la misma necesidad de desarrollar políticas específicas de relaciones con las comunidades”.

En cambio en México, según la Encuesta Nacional en Vivienda aplicada por Parametría, y que se dio a conocer el pasado año, para la mayoría de los mexicanos encuestados, la justicia en México no es completa ni imparcial, es decir, consideran no se imparte de forma pronta, completa e imparcial. Un 48 por ciento de los entrevistados considera que las leyes benefician a los delincuentes; 6 de cada 10 ciudadanos opinaron que la policía no hace buen trabajo de investigación.

El más reciente reporte de las entidades federativas, entregado al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en nuestro país, indica que 38 mil 693 elementos estatales y municipales de instituciones de seguridad pública no aprobaron las evaluaciones, además de unos 3 mil adscritos a instancias federales como la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y el Instituto Nacional de Migración.

En los Ayuntamientos –señala el reporte- es donde hay mayores porcentajes de no aprobados, a quienes el SNSP clasifica también como en proceso de depuración. En México hay más de 400 mil policías estatales y municipales, en estos últimos se concentra el mayor problema de infiltración del crimen organizado debido a su bajo nivel de capacitación, ingresos salariales y prestaciones sociales

*Columba Arias Solís es Maestra en Derecho Civil y Notaria. Profesora de Derecho Administrativo de la UMSNH.Analista política en diversos medios nacionales e internacionales
** Texto de la conferencia en el V Seminario Internacional de Derecho y Ciencias Sociales

La “Obligación de Proteger” en el Derecho Internacional y su urgente activación contra el Estado Islámico

Autor : Teresa Da Cunha Lopes*

Título: La “Obligación de Proteger” en el Derecho Internacional y su urgente activación contra el Estado Islámico

La Nueva Doctrina de la intervención internacional y el concepto jurídico de la “Obligación de Proteger” colocan un caso interesante del dialogo continuo y fructuoso entre la Filosofía moral, la Filosofía Política y la Justicia global, a partir del cual argumentamos en este artículo que las normas aceptadas por los Estados a través del Derecho Internacional son parte importante del universo moral y de la civilización en el siglo XXI y, deben ser la base de la argumentación a favor del combate internacional contra el "Estado Islámico"

La “Obligación de Proteger” es un Principio esencial de las normas aceptadas por los Estados a través del Derecho internacional y de su evolución en el marco de las Resoluciones de la ONU . Estas normas, no son solamente jurídicas: son parte importante del universo moral.

Coloquemos la cuestión de la actualidad de la nueva doctrina de la intervención internacional introducida por la Resolución de la ONU sobre Libia y del concepto jurídico de la “Obligación de proteger”, en un momento en que : 1.-en Siria, Bashar al-Assad continua por una represión militar brutal de la oposición civil a su régimen ; 2.-en Nigeria, el grupo Boko Haram ataca sistemáticamente a las comunidades cristianas y, 3.- en que la emergencia del Estado Islámico (ISIS o Daesh) ha llevado la barbarie (véanse las decapitaciones, la venta de niñas como esclavas sexuales y la ejecución por la hoguera del piloto jordano) al estatuto de “ideología”, al converterla en estrategiapropagandística de un movimiento islamista radical, cuya amenaza va más allá del esporádico atentado terrorista ya que cuenta con la agravante de, efectivamente, controlar un vasto territorio geo estratégico y disponer de recursos financieros substanciales para mantener un ejercito y crear estructuras burocráticas administrativas.

Es evidente, en los dos últimos casos ( y con mayor acuidad en el caso del EI o Daesh) que una intervención internacional o regional fundamentada en el Derecho Internacional es urgente y que debe ir más allá de la actual campaña de ataques aéreos quirúrgicos, operaciones especiales y ayuda financiera a los kurdos, liderada por Estados-Unidos. Este último caso, obliga a una intervención integral que debe ser apoyada por la comunidad internacional a, través de un claro mandato del Consejo de Seguridad y que incluya tres pilares: 1.- acción militar; 2.-acciones contra el financiamiento del EI; 3.- sanciones internacionales, tanto económicas como penales contra estados, organizaciones o individuos que colaboren (pasiva o activamente) en el reclutamiento, en la propaganda, en las acciones militares y en el flujo de capital para el EI (Daesh).

Ahora bien, abordemos primero la cuestión de una intervención internacional o regional militar fundamentada en el Derecho Internacional. Este fundamento debe partir de la respuesta a dos cuestiones:

1.-¿ existe, o no, un fundamento jurídico que permite una injerencia externa en el territorio de un Estado, contra la voluntad de su gobierno, cuando se desarrolla una situación de urgente intervención humanitaria, generada por ese mismo gobierno, o por un sector de la población?

2.- en caso afirmativo ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones, conforme al derecho internacional, que debe ser seguido?

Partimos de una respuesta afirmativa a la primera cuestión y de la consideración de que la toma de decisiones está delimitada en la Carta de la UN y en la normativa vigente sobre el funcionamiento del Consejo de Seguridad .

Así, observamos que el nuevo concepto jurídico “la responsabilidad de proteger” quedó validado en septiembre 2005 con la resolución 60/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, integrada al documento final de la 60a. Cumbre de la ONU. Es evidente que la propia terminología de la Resolución 60/1 A.G. determina su encuadramiento dentro del universo moral., a la vez que implica que, hoy en día, en Derecho Internacional, la soberanía del Estado-nación no es absoluta.O sea, la comunidad internacional, a través de sus instituciones, tiene el derecho de vigilar todas las situaciones -genocidio, crímenes de lesa-humanidad, hambruna, etc.- que colocan en peligro la población de un Estado-miembro o un sector de esa población.Así, cuando se verifican determinados elementos, el bien de la comunidad nacional en cuestión, y, el del conjunto de la comunidad internacional, puede transcender la exclusividad de competencias, que el Estado detiene en principio, pero no de manera absoluta, sobre su territorio.

Se podría argumentar, (algunos lo harán de nuevo) que esta responsabilidad “de proteger“, sólo tiene un estatuto de “soft law”, en la ausencia de una obligación vinculativa para los Estados, ya que no está expresamente reconocida en la norma consuetudinaria ni plasmada en una convención o tratado internacional.

Sin embargo, tanto por la solemnidad de la aprobación de la resolución 60/1, como por el consensus generado al momento de su adopción, podemos hablar de la existencia de fuerza normativa.Tal parece ser, también la opinión de los miembros del Consejo de Seguridad, que fundamentaron en esta interpretación, sus decisiones obligatorias contenidas en la Resolución 1706 (2006) sobre Darfour , Sudán, y, en particular en los “considerandos” de la Resolución 1973 (2011) sobre Libia en que declaran :“Considerando que el establecimiento de una prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de la Jamahiriya Árabe Libia constituye un elemento importante para la protección de los civiles, así como para la seguridad del suministro de asistencia humanitaria, y un paso decisivo para la cesación de las hostilidades en Libia, Expresando preocupación también por la seguridad de los ciudadanos extranjeros y sus derechos en la Jamahiriya Árabe Libia, (….) 3. Exige que las autoridades libias cumplan las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, las normas de derechos humanos y el derecho de los refugiados, y adopten todas las medidas necesarias para proteger a los civiles, satisfacer sus necesidades básicas y asegurar el tránsito rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria;”.

La “Obligación de proteger”, perfectamente definida al momento de la intervención en Libia, además, se apoya sobre los principios del Derecho Internacional que obligan los Estados a prevenir y a reprimir los crímenes internacionales. Es por lo tanto, aplicable en el caso preciso del Daesh.

Los artículos 138 y 139 del documento final de la 60.a Cumbre de las Naciones Unidas, son muy claros y especifican que la obligación de proteger tiene como fin crear para los Estados, y de forma subsidiaria para la Comunidad Internacional, la obligación de no permitir que estos actos contra los Derechos humanos y crímenes de lesa-humanidad sean cometidos en su territorio.

Así, y de nuevo hacemos referencia al precedente constituido por el caso de Libia y de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad: 1.-La decisión era necesaria y ha cumplido con los requerimientos de la legalidad internacional; 2.-Aunque el establecimiento efectivo de la zona de exclusión aérea suponía un equilibrio de fuerzas en el terreno militar para los rebeldes, fueron estos quienes tuvieron que conseguir la caída del tirano; 3.- El mensaje político que trasladaba a otros dictadores la inacción de la comunidad internacional era mucho más riesgoso que lo que ahora se transmite, o sea lo que no se ha permitido a Gaddafi tampoco se debe tolerar a Assad; 4.- el papel que fue asignado a la comunidad internacional, por la Resolución 1973 de la UN no fue el de promover la democracia, sino fue el de “proteger a la población civil” que Gaddafi se proponía, hasta el último minuto y a la última palabra radiodifundida, masacrar; 5.-la Soberanía del Estado, de los Estados en la actualidad no es absoluta frente a las violaciones de los Derechos humanos y, en particular, en condiciones en que bajo una dictadura, los pueblos no la pueden ejercer cuando existe un riesgo para el “quebrantamiento de la Paz”.

Es el momento para la comunidad Internacional, a través del Consejo de Seguridad, de cerrar filas contra el régimen medieval y contra la ideología del terror del Estado Islámico y de implementar el principio de la “Obligación de Proteger” inscrita en la nueva doctrina del Derecho Internacional.

La Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (18 de agosto de 2014) fue un primero paso importante.. Al reflejar la unanimidad del Consejo de Seguridad sobre la amenaza a la paz y a la seguridad internacionales que representan los grupos como Al Qaeda y el Estado islámico, la resolución condena los actos terroristas y las exacciones cometidas por estos grupos en Irak y en Siria, condena toda transacción comercial que se inicie con estos grupos, en particular en el sector petrolero que les permita financiarse, llama a los Estados a tomar las medidas necesarias, incluyendo la congelación de bienes, para erradicar el fenómeno de los combatientes extranjeros e incluye en una lista de sanciones a seis personas vinculadas con Al Qaeda y directamente implicadas en el traslado de esos combatientes.

El 24 de septiembre del 2014, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2178 que exige a los países de la ONU que impidan entrar o cruzar su territorio a los sospechosos de luchar con grupos terroristas. También insta a compartir información sobre listas de sospechosos o investigaciones criminales. El texto recibió 15 votos a favor y ninguno en contra. Cuenta, además, con 104 países patrocinadores.

La resolución es una pieza más en la arquitectura que la Administración de Obama ha diseñado para afrontar una amenaza nueva: el Estado Islámico, un grupo yihadista suní que hasta hace unos meses no aparecía en los cálculos de Washington y que este verano ha trastocado los planes de Obama y la comunidad internacional. Además de intentar frenar el flujo de violentos hacia Oriente Próximo, la estrategia de EE UU incluye ataques aéreos y entrenamiento militar de combatientes locales, entre otras medidas.

Finalmente, en este inicio de Febrero 2015, está en la mesa un nuevo proyecto de resolución. Fuentes diplomáticas rusas y occidentales confirmaron este jueves 5 de febrero 2015 que Rusia está liderando esfuerzos internacionales en el Consejo de Seguridad para reforzar la presión encaminada a detener el flujo de fondos a la organización terrorista del Estado Islámico. La resolución se centrará en las tres principales fuentes de financiación de la organización terrorista que es el petróleo y la venta de antigüedades robadas y el dinero obtenido a cambio de la liberación de los secuestrados. La resolución llamará a los países del mundo a no comprar crudo de la organización terrorista y no pagar rescate por la liberación de sus secuestrados, además de no comprar antigüedades robadas.

Como muestra el examen crítico de las posiciones opuestas a la existencia de la “obligación de proteger” y a la urgente necesidad de aplicar este principio en la protección de las poblaciones bajo la bota del “Estado Islámico”, incluso cuando se acepten las diferentes orientaciones del Derecho internacional y la Ética, en la medida en que ambos se ocupan de cuestiones de justicia global, sus enfoques son pobres en el sentido en que ignoran o descartan las ideas de la otra esfera o ámbito de análisis.

Los abogados y juristas internacionales tienen que cuidar el riesgo de la deriva teórica, a partir de un conjunto de argumentos, principios y normas para evaluar el estado actual de la norma internacional, la promoción de cambios a la misma y la creación de instituciones para su ejecución.

Más allá de los académicos y especialistas en Derecho Internacional, debemos recorrer a la investigación ética, considerando que esta, también beneficia a los profesionales del Derecho y observar que la acción del EI, determinada por un discurso ideológico basado en el desmantelamiento, no sólo de los principios internacionales del bloque de los derechos humanos, si no también en una deformación, inclusive en un desconocimiento, del derecho consuetudinario de la guerra en el Islam, conlleva una lógica de terror totalitario que instala un proceso de genocidio contra las minorías y de represión barbárica contra los opositores que coloca un presente y claro peligro contra nuestro conjunto civilizacional .

Así, que el Principio de la “obligación de proteger” no puede ser, ni debe ser solamente un principio teórico. Tiene que ser un principio activo, tiene que ser un principio de defensa de la civilización. Recordemos que uno de los avances más significativos en nuestra comprensión de las obligaciones de los Estados de protección de los Derechos Humanos tuvo lugar cuando el Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó la doctrina desarrollada por Henry Shue de “respetar, proteger y promover”.

Ese marco normativo compuesto de un mosaico de Tratados, Convenios y Declaraciones, se ha convertido en parte de la interpretación aceptada de la legislación sobre Derechos humanos y ha ayudado a adaptar la ONU a dar respuestas a las fallas y omisiones de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones. Hoy, no es el momento de recuar.


*Teresa Da Cunha Lopes es Profesora-Investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y del CIJUS /UMSNH

De formas de terminar la relación laboral

Autor: José Gómez Porchini*

Título: De formas de terminar la relación laboral

Hace unos días me hicieron un comentario que me llamó mucho la atención y que hoy vengo a hacer de su conocimiento. Se trata de que a una persona la están tratando mal, le han cambiado las condiciones de trabajo, le han faltado al respeto y muchas otras situaciones muy difíciles de tolerar. Y me dijo: −Mire Licenciado, como no me han corrido, voy a tener que renunciar. Ahí fue donde le comenté: ¿renunciar? Si renuncia no va a tener derecho a nada y ya tiene varios años en la empresa. −Sí, Licenciado, pero no me corren y ya no aguanto y no hay otra forma de salirme de la empresa… Claro, le dije que sí hay y es lo que a ella y a usted voy a tratar de explicarles ahora.

Tenemos una relación de trabajo, con contrato o sin él, pero una relación en la que uno paga un salario y manda y el otro está subordinado y cobra. Son los elementos principales. Ya con eso, la relación de trabajo debe sujetarse a lo que establecen los artículos 132, 133, 134 y 135, que señalan los derechos y obligaciones de patrones y trabajadores. Ahí viene eso de que no deben faltar, que el patrón no debe tratar mal a los empleados, que no deben robarse las cosas del patrón y todo lo que usted puede buscar en esos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Si el patrón incumple lo que dicen los artículos 132 y 133 usted puede rescindir la relación laboral, es decir, usted puede “terminar” de manera forzosa y entonces, el patrón estará obligado a pagarle lo que dice el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, además de pagarle la prima de antigüedad que aparece en el artículo 162.

Si por el contrario, usted se porta mal e incurre en una de las faltas que aparecen en los artículos 134 y 135, el patrón puede rescindir la relación laboral, es decir, lo puede “correr” sin pagarle más que parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios devengados y siempre, la prima de antigüedad. El único caso en que no se paga la prima de antigüedad es cuando usted renuncia y tiene menos de 15 años de servicios con el patrón.

Lo anterior quiere decir que si a usted lo están tratando mal en la empresa, el patrón o cualquiera de sus gerentes, funcionarios o familiares lo insultó, si no hay sillas suficientes o cualquier otro motivo suficiente, usted puede rescindir la relación laboral y el patrón queda obligado a pagarle tres meses de salario, prima de antigüedad, 20 días por cada año de servicios y además, las partes proporcionales de aguinaldo y vacaciones más los salarios devengados.

Otro caso y muy distinto, es cuando alguien termina su edad laboral y obtiene la jubilación del Instituto Mexicano del Seguro Social. En esos casos, el patrón está obligado a pagar partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, salarios devengados más el importe de un mes de salarios. Así viene en la ley. Busque usted el artículo 54 de la misma ley laboral.

Si usted cree que está en esa situación, no vacile. Contrate a un abogado. Obvio, de preferencia le sugiero que contrate a uno de nosotros. Estamos para servirle.

Me gustaría conocer su opinión.

*José Gómez Porchini es un eminente jurista mexicano especialista en Derecho de la Seguridad Social y abogado litigante en Derecho laboral, analista y comentador en diversos medios de comunicación y catedrático del ITESM.Director de CALMECAC
Comentarios: jmgomezporchini@gmail.com

Estados en crisis, presupuestos y Universidades Públicas

Autora: Teresa Da Cunha Lopes*

Título:Estados en crisis, presupuestos y Universidades Públicas


“La educación es una mejor salvaguarda para la libertad que cualquier ejército armado.”

(Edward Everett)

Si hubiese que explicar el éxito económico de los países a nivel mundial y su posicionamiento en el índice de desarrollo del PNUD con una palabra, esa palabra sería educación. Si hubiese que explicar los altos índices de marginación, de inseguridad y el estancamiento económico de nuestro estado, esa palabra sería educación. Pero, en el siglo XXI, este no es solamente un problema de educación básica, es, en grande medida un problema de educación superior y de educación profesionalizante.

En el siglo XIX, Francia, Inglaterra, Alemania y EE UU iban por delante en educación básica universal. Luego, a medida que otros países seguían el ejemplo, la revolución de la educación secundaria de principios del siglo XX nos llevó a otro nivel completamente nuevo y vimos como el Japón saltó al grupo de vanguardia. Y en los años posteriores a la II Guerra Mundial, los países de Europa occidental y las dos grandes potencias de la Guerra Fría – EE.UU y la antigua Unión Soviética- afianzaron su posición destacada en la educación superior. Después de la década de los sesenta, los tigres asiáticos ( en particular Corea del Sur, Singapur, Japón y China ) masifican su sistema educativo y alcanzan niveles de egresados de la Educación Superior, más altos o iguales a los de Europa occidental.

El desarrollo de la educación significó, primordialmente, el desarrollo de la educación pública; y durante los últimos 30 años, en la escena política mundial ha estado dominada por la opinión de que todo gasto gubernamental en educación es una inversión fundamental de los contribuyentes para el desarrollo de las naciones. México ha tenido tres momentos en que intentó (y parcialmente lo consiguió) fortalecer su sistema educativo: con Vasconcelos el sub-sistema básico, en los sesenta con el encuadramiento macroeconómico del Programa de Desarrollo Estabilizador una tentativa fracasada de educación profesionalizante, y, en particular para el sub-sistema de la Educación Superior, a partir de los noventa con los programas federales de fortalecimiento de la capacidad académica de los recursos humanos y de la competitividad académica de los programas, PROMEP y PIFI .

Sin embargo, cuando el discurso se invierte y los recortes entran a la narrativa política y se plasman en los presupuestos anuales, entonces, la educación (y la calidad en la educación), como uno de los principales componentes del gasto público, se ha resentido inevitablemente.

Lo hemos visto, lo hemos resentido, lo hemos vivido. Hemos sido testigos de la lenta y paulatina erosión del sistema educativo, en sus diversos niveles.

Lo que no tiene ningún misterio: la educación es, principalmente, una responsabilidad del Estado y de los Gobiernos locales, que se encuentran en una situación fiscal precaria. Una ayuda federal adecuada podría haber supuesto una gran diferencia. Pero aunque se ha proporcionado algo de ayuda, esta sólo ha cubierto una pequeña parte del déficit operativo de los subsistemas.

En particular, las grandes olvidadas y sacrificadas, han sido las universidades públicas. Eso se debe en parte a que, cada año, allá por el último trimestre, los legisladores insisten en eliminar parte de esa ayuda, recortando alegremente, en términos reales el presupuesto de las universidades y no contemplando en los mismos los rubros necesarios para los rescates financieros de las instituciones de educación superior y la re-ingeniería de sus pasivos actuariales. O sea, colocan a las universidades públicas a la merced, cada final de año fiscal del otorgamiento (o no) de “recursos extraordinarios” y en la incertidumbre sobre la capacidad financiera operativa para el siguiente año.

Como consecuencia de ello, la calidad de la educación superior se ha convertido en picadillo, la infraestructura en obsoleta, las condiciones de trabajo se han deteriorado y la población demandante de servicios educativos no encuentra dónde integrarse a los (pocos y no adaptados a las nuevas condiciones del mercado laboral) programas ofertados.

Que los profesores no basificados enfrentan el despido, o que los profesores con base tengan que asegurar una mayor cuota de clases frente al grupo, disminuyendo el tiempo dedicado a la investigación, es sólo una parte de la historia.

Todavía más grave es la forma en que estamos cerrando oportunidades a las nuevas generaciones. Así observamos el despilfarro de nuevos talentos, recursos humanos súper capacitados, con grados de maestría y de doctorado, cuyo financiamiento estuvo a cargo del erario público a través de becas y que no encuentran la puerta abierta en nuestras instituciones para se integren a ellas como investigadores y docentes.

Otro ejemplo de la falta de oportunidades, la grave situación de los estudiantes de clase media y de pocos recursos. Durante generaciones, los estudiantes con talento procedentes de familias con pocos recursos han sido usuarios de becas en primaria, secundaria y prepa, como trampolín para las universidades públicas estatales. Pero ante la crisis presupuestaria de los Estados, estas universidades se han visto obligadas a cerrar las puertas a los posibles estudiantes que iban a pasar por ellas, introduciendo cuotas (numerus clausus) que no satisfacen la demanda de matrícula y que colocan un muro intransponible para aquellos que no pueden salir de su ciudad ni de su estado para estudiar en otros lugares de la república, por falta de recursos y de becas adecuadas para la educación superior.

Una consecuencia, casi con seguridad, será el perjuicio de por vida para las perspectivas de muchos estudiantes. Otra, será un enorme e injustificado desperdicio de capital humano para la Nación.

Sospecho que la mayoría de la gente todavía tiene en la cabeza esa imagen de la UNAM como modelo de un México, “gran tierra de la educación universitaria”, en la medida en que la enseñanza superior pública se ofrece a la población en general. Antes esa imagen se correspondía con la realidad. Pero hoy día, los jóvenes mexicanos tienen unas probabilidades considerablemente menores de licenciarse en la Universidad que los jóvenes de muchos otros países. De hecho, tenemos una tasa de licenciados universitarios que está ligeramente por debajo de la media de todas las economías desarrolladas, en particular de nuestros pares de la OCDE. Y la UNAM ha bajado en los últimos tres años diversos escalones en la lista de las mejores universidades del mundo, sin que otras universidades públicas mexicanas hayan entrado al ranking internacional.

Incluso sin las consecuencias de la crisis actual, habría motivos más que suficientes para esperar que bajásemos todavía más en esa clasificación, aunque sólo sea por lo difícil que les resulta a quienes disponen de recursos económicos limitados el seguir estudiando.

En México, con su débil colchón de seguridad social y su escasez de becas, es más probable que los estudiantes trabajen a tiempo parcial mientras asisten a clase que sus homólogos, por ejemplo, finlandeses, franceses o alemanes. Esto, como es obvio, tiene profundas (y negativas) consecuencias sobre la competitividad académica.

Así, no es de extrañar, teniendo en cuenta las enormes presiones económicas a que están sujetos, que los jóvenes mexicanos también tengan menos probabilidades de permanecer en la facultad, y más probabilidades de convertirse en trabajadores a “tiempo completo” informales en vez de estudiar. Las tasas de deserción escolar de las Universidades, son asustadoras. ¿Cómo corregir estas situaciones? Aumentando el presupuesto para las universidades públicas estatales.

No sólo, el gasto público en educación es una inversión en nuestro futuro, si no que más allá de eso, tenemos que despertarnos y darnos cuenta de que una de las claves del éxito histórico de muchos países (incluyendo el nuestro) es ahora un activo que se deprecia con el tiempo. La demostración de que es un activo de magna importancia en el desarrollo económico y en el fortalecimiento del mercado laboral, no ofrece dudas a nadie. Con diferencias significativas entre países, de acuerdo con sus condiciones económicas y de desarrollo, la evidencia presentada por el último informe de la OCDE(1) (“Education at Glance 2014) es “que las personas que cuentan con educación terciaria (universitaria) tienen más probabilidades de encontrar un empleo y que éste sea de tiempo completo, que aquellos sin ese nivel de instrucción. Por ejemplo en los países de la OCDE, en promedio, la tasa de desempleo es casi tres veces mayor entre los de menor nivel de instrucción. En el caso específico de México, el desempleo de personas con educación superior muestra una recuperación en los datos del 2012 respecto del 2010” (2).

Pero este no es el único elemento que nos debe alertar para la defensa del incremento del rubro de gasto público del Estado en la Educación Superior. Otro dato relevante es el efecto de la educación superior en relación con el género. Esta se convierte en un factor que contribuye a la disminución, que no desaparición, del efecto discriminatorio de género en términos de empleo.

Sin embargo, continuamos a escuchar el discurso político, plasmado en el voto con tijeras de nuestros legisladores, “argumentando” e introduciendo recortes presupuestales para las Universidades. Se olvidan que la educación, en particular la educación superior, es uno de esos sectores que deberían seguir creciendo incluso durante una recesión. Las Universidades públicas deberían tener presupuestos adecuados, en que se deben reflejar su grado de regionalización y sus indicadores de calidad académica.

Puede que los mercados tengan problemas y que existan problemas presupuestales, pero ése no es motivo para que dejemos de formar a nuestros hijos. Puede ser que los estados tengan que lidiar con la crisis de su deuda soberana, pero eso no es motivo para abandonar a las universidades públicas que, tal como la UMSNH han abierto el camino de la excelencia educativa en condiciones dolorosas, hasta posicionarse en el ranking de las mejores universidades públicas del país.

Sin embargo, eso es justamente lo que estamos haciendo. Y al hacerlo estamos abandonando a su suerte el futuro de Michoacán. Porque no existe futuro sin educación y está en el siglo XXI, en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, es inseparable de la Educación Superior.

Notas

1 En septiembre se publicó el documento “Education at Glance 2014 ” mediante el cual la OCDE difunde los principales datos y estadísticas acerca de la educación y su impacto económico y social en los países.

2 Ver el excelente artículo de opinión de Raúl Martínez Solares in “El Economista”http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2014/09/23/impacto-economico-educacion

*Teresa Da Cunha Lopes es Profesora-Investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y del CIJUS /UMSNH

Las Candidaturas imposibles

Autora: Columba Arias Solís*

Título:Las Candidaturas imposibles

El 19 de septiembre de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de candidaturas independientes, para hacer compartido el derecho que de manera exclusiva habían venido detentando los partidos políticos en relación con el registro de candidatos a cargos de elección popular, en el nivel local.

Previa a la aprobación de la reforma, diversos legisladores en tribuna señalaron que con el dictamen se celebraba la participación ciudadana en la vida democrática del país, al permitir que la normatividad en materia electoral en cada una de las entidades, fijara las bases y requisitos para que en las elecciones pudieran solicitar su registro como candidatos independientes para ser votados en los cargos de elección popular correspondientes.

A lo largo de la sesión de aprobación, los diputados fueron desgranando en el discurso la contribución de las candidaturas independientes al generar elementos de democracia participativa, favoreciendo la legítima presencia y representación ciudadana en las instituciones del país, así como el fortalecimiento de la vida política, permitiendo la movilidad del sistema político, con lo que habría una mayor competencia electoral y consecuentemente el enriquecimiento de la organización político-electoral.

Los diputados oradores hablaron de que las candidaturas independientes debían alentar la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, para “hacer que las elecciones sean legales, pero también legítimas”, alabando también “la sana presión que harían las candidaturas independientes para la democratización de los partidos, a fin de postular candidatos con arraigo, presencia y liderazgo entre las bases y la ciudadanía”.

La iniciativa aprobada por el legislador federal, sería enviada a todas las entidades federativas para que aterrizara en las diversas legislaturas locales, bajo los criterios de la apertura de nuevos cauces de participación para que los ciudadanos sin partido pudieran ser elegidos e condiciones de igualdad y sin ninguna restricción indebida. El 29 de junio de 2014 se publicaba en el Periódico oficial del Estado el Código Electoral del Estado de Michoacán, cuyo Capítulo II estableció la regulación de las candidaturas independientes.

Sin embargo, la reforma tan mentada y esperada en el estado de Michoacán realizada por la actual legislatura local, quedó solamente en una simulación de apertura democrática, habida cuenta los requisitos impuestos a los aspirantes que convierten en imposibles las candidaturas independientes.

Así, el procedimiento de selección de candidatos independientes, inicia con la convocatoria que emite el Consejo General y concluye con la declaratoria de candidatos independientes que serán registrados, siguiendo las etapas que el Código establece.

Además de todos los requisitos señalados en el artículo 303, entre los que se encuentran la constitución de una asociación civil, la acreditación de su alta en el Sistema de Administración Tributaria y la apertura de una cuenta bancaria, debe el aspirante además presentar la solicitud conteniendo los datos correspondientes y anexar los documentos señalados en el art 305 que incluyen constancia de residencia, programa de trabajo y manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que cumple con los requisitos de constitucionales y legales para el cargo de que se trate.

Luego de la aprobación de los registros de los aspirantes,- al día siguiente- inicia la etapa de obtención del respaldo ciudadano, la cual durará, para gobernador hasta 30 días, para integrantes de Ayuntamientos hasta 20 y para diputados, también hasta 20 días. Los ciudadanos que deseen manifestar el respaldo, deberán comparecer personalmente ante los funcionarios electorales con copia y original de su credencial de elector.

Al concluir el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de los aspirantes a candidatos iniciará la etapa declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes, según el tipo de elección de que se trate, la cual será emitida por el Consejo General del instituto, de acuerdo con las siguientes reglas: El Instituto verificará la cantidad de manifestaciones de respaldo ciudadano válidas obtenidas por cada uno de los aspirantes; de todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidato independiente aquel que de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas en la demarcación correspondiente siempre y cuando sea mayor al porcentaje que para cada caso se requiere.

Como puede advertirse, hay una especie de elección previa entre los aspirantes a las candidaturas ciudadanas, porque aunque todos cumplan con la obtención del respaldo ciudadano, solamente competirá aquel que tenga mayor número de respaldos. Como si lo anterior fuera poco, se exige un porcentaje de respaldos del

2 % de la lista nominal en la totalidad de los distritos electorales del estado en el caso de gobernador; para diputado, el 2 % de la lista nominal, que deberá estar distribuido en ese mismo o mayor porcentaje, en al menos 3 cuartas partes de los municipios que componen el distrito, y para las planillas de aspirantes a Ayuntamientos, el 2 % de la lista nominal.

De lo señalado se desprende que no habrá candidaturas ciudadanas en el estado de Michoacán, porque resulta imposible que los aspirantes puedan cumplir con los requisitos impuestos por los actuales legisladores locales, alguno de los cuales en el pecado está llevando la penitencia. Se entiende entonces el enojo y decepción de los aspirantes a las candidaturas, empero ya vendrá el tiempo en que se pase la factura a quienes han hecho una burla de la aspiración ciudadana.

Columba Arias Solís es Maestra en Derecho Civil y Notaria. Analista político en diversos medios nacionales e internacionales

El Juego de la Democracia

Autora: Karla Teresa Piña Martínez*

Título: El Juego de la Democracia

En el nombre de la democracia se puede todo, hasta justificar muchas cosas, antes de adentrarnos al tema es indispensable retomar el significado de democracia, la cual tiene sus bases en el antiguo griego y se forma de combinar los vocablos demos que significa pueblo y kratós que puede entenderse como “poder y gobierno”.1

En la actualidad, se entiende que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos, en el cual el poder no radica en una sola persona sino que se distribuye entre todos los ciudadanos, por tanto, las decisiones se toman según la opinión de la mayoría, permitiendo con ello una convivencia ordenada política y socialmente, otorgando derechos y libertades a cada uno de sus miembros, ya lo menciona claramente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 35 específicamente en su facción II “Los derechos de los ciudadanos es votar en las elecciones populares y ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las cualidades que establezca la ley…”.

Así, cualquier ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos puede ser electo de acuerdo a la ley, no importando su estrato social, profesión u oficio, esto al parecer es muy preciso y muy claro, pero que es lo que sucede hoy en día, donde payasos, futbolistas, actores, actrices y hasta cantantes aspiran a puestos de elección popular, aquí es donde la perspectiva cambia ¿o no?

Lo cierto es que es un año de candidaturas, de elecciones y en donde entran en juego los partidos políticos y el juego de la democracia, es sabido que muchos de los partidos políticos no postulan para presidente, gobernador, senador, diputado a los mejores ciudadanos mexicanos, a los más honestos, preparados, con experiencia, con talento y claro con la intensión de servir al pueblo quien es por quien tocan sus puertas pidiéndoles el voto, indiscutiblemente pocas veces a los partidos poco o mucho les importa que su candidato sea el más adecuado o el más idóneo, solo les interesa mantener el registro y con ello recibir el dinero para las candidaturas y claro esta tener el mayor numero de votos para ganar y así seguir manteniéndose en la cúpula del poder.

Así, el claro ejemplo lo tenemos con la candidatura del payaso y comediante Guillermo Cienfuegos, más conocido como el payaso “lagrimita”, quien busca ser candidato a la Presidencia Municipal de Guadalajara y quien además busca las 23000 firmas de ciudadanos que le permitan lograr una candidatura independiente (esas que reciente creación y que parecen inalcanzables) para ello y en caso de conseguirlo estaría gobernando una de las ciudades más grandes del país bajo su eslogan “los payasos al poder”.

Otro caso lo tenemos en el futbolista Cuauhtémoc Blanco, quien se registró el pasado 22 de Enero como precandidato a la alcaldía de Cuernavaca la capital del Estado de Morelos, esto a través del Partido Social Demócrata (PSD), quien le peleará al “Cuau” el puesto es a la actriz Laura Zapata quien también aspira a gobernar la capital morelense por el Partido Encuentro Social (PES).

Asimismo, competirá por primera vez y se destapa en busca de la candidatura a Diputado Federal es el actor Alejandro Camacho igualmente por el PES y quien ya vemos en los spots de publicidad y medios electrónicos apoyando al partido. Así como Yuri la “jarocha” quien va por un puesto de elección popular en su natal Veracruz, así como tantos más que son “caras conocidas” y que se encuentran en las listas de los partidos políticos.

Lo importante para los Partidos Políticos es la cantidad de votos que se puedan lograr, dejando de lado la honestidad, las cualidades o habilidades de los candidatos a gobernar, lo cierto es que la ley es muy clara como ya se menciono al precisar que cualquiera independientemente de su estrato, condición u oficio puede aspirar a un puesto de elección popular, pero como se sabe los partidos prefieren postular como sus candidatos a los ciudadanos más populares, pues a ellos les traerán no solo aplausos y simpatías sino votos y claro esta más seguidores, ¿a quien le importa que ellos no sepan que es abrogar, derogar o adicionar la ley?, ¿no importa que no sepan cuantos artículos tiene la Constitución?, lo importante es que los partidos políticos les pondrán asesores que les digan que hacer, mientras ellos consigan votos, vendan imagen y logren lo que el partido quiere todo estará bien, pero y ¿que pasa con el pueblo?, los que votan pensando en la mejoría de los servicios, en un mejor país.

Pero, que pasa si se regulara perfiles, requisitos, nivel académico, etc., se estaría atentando claramente a la democracia a ese principio esencial e intocable de que cualquiera puede votar y ser votado, sería imperdonable, pero en cambio existen otros tantos que justifican la participación de estos “ciudadanos populares” con frases como: ya lo conocemos, gana mucho dinero y por ende no tiene necesidad de robar, es necesario que no siempre sean los mismos, queremos un cambio.

Lo cierto es que engrosan las filas de seguidores, que se traducen en votos, en presupuesto para las campañas políticas y por ende en poder para los partidos políticos, aunque todo ello claramente justificado que todo se hace en el nombre de la democracia.

*Profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.