"La Judicialización de las Campañas"
A principios del mes de febrero en una colaboración periodística Héctor Aguilar Camín expresaba su preocupación por los indicios que advertía de que en el gobierno federal se estaban usando y se usarían instrumentos judiciales para influir en las elecciones. Consideraba que el uso de acusaciones judiciales como “gatillo de escándalos electorales” ya había comenzado y se anticipaba un fuego graneado.
Y es que el resultado de las elecciones en Michoacán sería duramente cuestionado por el titular del ejecutivo federal al grado de acusar la injerencia del crimen e ignorar al ganador hasta pasados tres meses y luego de ignorar al ganador durante más de tres meses, lapso en que anularon las elecciones de la capital michoacana y se judicializó la elección estatal, llevándose la incertidumbre hasta el día previo en que la ley obliga a la protesta del gobernante electo.
La desconfianza aumentaría con la renovación del fiscal especial para delitos electorales, de quien al parecer no fue bien visto que no hubiera encontrado los elementos para la probanza de accione constituyentes de delito que determinaran también la anulación de la jornada electoral estatal.
La intervención del presidente Calderón en una reunión con el consejo de Banamex, ante cuyos integrantes manifestara que la candidata de su partido Josefina Vázquez Mota se encontraba escasos puntos del candidato puntero, -lo cual fue considerada una injerencia indebida y fuera de la ley puesto que ya se había adentrado en el período de veda electoral, situación que motivó la acusación ante el órgano electoral, de la cual el presidente fue absuelto, pero la desconfianza ha reinado durante prácticamente todo el desarrollo del proceso.
Este viernes inicia formalmente el arranque de las campañas electorales por la presidencia de la república y las Cámaras de Diputados y Senadores, y las denuncias, emplazamientos, aplicación de medidas cautelares y amenazas de cancelar el registro a los partidos por el incumplimiento en las cuotas de género prevalecen en el ambiente electoral.
El lunes la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE, por mayoría de votos determinó aplicar medidas cautelares a la entrega de cartas por parte del presidente Calderón a los ciudadanos que cumplieron con el pago de sus impuestos, ordenando al titular del Ejecutivo suspender de inmediato el envío de millones de esas misivas a través de internet, recordándole al presidente que desde el inicio del proceso electoral quedaron prohibidas las campañas personalizadas.
Los consejeros le recuerdan al Ejecutivo que el artículo 134 en el penúltimo párrafo “prohíbe expresamente la promoción personalizada de servidores públicos, lo cual incluye al presidente de la República en primer lugar en la propaganda gubernamental”.
El consejero presidente de la Comisión de Quejas del Instituto señaló que la ley no prohíbe la realización de giras, “prohíbe sí –dijo- que esas giras, por ejemplo, se hagan con fines partidistas, con propósitos de apoyar a algún candidato o partido político”.
@Columba Arias Solís.
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