¿Justicia para todos?

Autor: Columba Arias Solís
"¿Justicia para todos?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 17 garantiza a las y los mexicanos la impartición de justicia sin distinción alguna, sea por razón de raza, género o capacidad económica; así, dicho ordenamiento expresa que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…”.

Desde la época de Roma, la justicia es representada por la diosa Themis, noble mujer que con la espada de la ley en alto y sosteniendo la balanza de la equidad cubre sus ojos con una venda, lo que implica que no mira a quién debe juzgar, que el trato es igual para todas y todos, es decir, somos iguales ante la ley, así se estipula en nuestros ordenamientos.

Sin embargo, es un lugar común que en todos los tiempos y lugares a la dama justiciera se le mueve la venda de la equidad y atisba el lado para el que le resulta conveniente actuar en razón de intereses poderosos, o bien, la espada de la ley se paraliza y no hay justicia para todos.

Así se pueden mencionar algunos botones de muestra sucedidos en épocas recientes, como los asesinatos, secuestros y extorsiones que desde el 2008 han venido denunciando las comunidades de Ostula y Cherán en Michoacán, así como la depredación de miles de hectáreas de sus bosques; el enfrentamiento con los talamontes que gozan de poderosa protección, mientras que los muertosy desaparecidos se van acumulando sin que autoridad alguna se preocupe de imponer la ley y aplicar justicia.

En el caso de Cherán, apenas ayer dos comuneros más se han sumado a la cifra de muertos. Justicia para todos es el clamor de los comuneros de esas castigadas poblaciones. No más demora en la aplicación de la ley, la exigencia a las autoridades.

La impunidad parece estar adquiriendo carta de naturalización en estas tierras. En ese contexto se inscribe el caso de la Nueva Jerusalén, el enclave religioso donde la violación de derechos humanos ha sido constante y documentada, así como la comisión de delitos, entre ellos la violación a menores de edad y sin embargo protegidos sus liderazgos devenidos en poderosos caciques por autoridades que han dejado hacer y dejado pasar.

De tiempo en tiempo las purgas religiosas expulsan a cientos de residentes en el lugar que se ha convertido en un estado dentro del Estado, donde no es el derecho establecido en las normas el que rige, sino los usos y costumbres establecidos por el fanatismo que designa videntes y vírgenes de entre los fieles seguidores del cacique religioso. Ese fanatismo que con total impunidad ha llevado a destruir la escuela primaria de la población, sin que la autoridad -sabedora de quiénes han sido los malhechores- haya detenido a nadie.

Hace apenas unas cuantas semanas, la quema de un vehículo oficial en Morelia por parte de jóvenes moradores de un albergue estudiantil desató las más encendidas protestas de una parte de la sociedad, las fuerzas policiacas se pusieron en rápida acción y allanando el albergue detuvieron a todos los huéspedes de la casa de estudiantes, incluyendo menores de edad; con ello se ganaron el encendido aplauso del comercio organizado y de integrantes de la sociedad que celebraron jubilosos la aplicación de la ley a los alborotadores.

Es extraño entonces que los celosos vigilantes de la ley en aquel asunto ahora permanezcan enmudecidos ante la flagrante comisión de delitos en la llamada Nueva Jerusalén; la destrucción de la escuela primaria de esa población no obstante que la nota ha ocupado importantes espacios mediáticos, no ha merecido ni una sola protesta de los grupos que sí lo hicieron en el asunto estudiantil. ¿Acaso es más valiosa una patrulla policiaca que una escuela primaria?

Desde hace décadas los gobernantes han dejado actuar a los liderazgos religiosos de la Nueva Jerusalén, permitiéndoles aplicar sus propias reglas y dejar de lado las leyes que rigen para todas y todos los mexicanos. Basta de impunidad en ese enclave de Tierra Caliente, las leyes mexicanas son de observancia general para todas y todos; luego entonces es menester protestar por los actos vándalicos en todas partes y exigir a las autoridades la aplicación de la ley sin distinciones.

Es obligación del Estado hacer justicia a los pobladores de las comunidades michoacanas que empeñadas en la defensa de sus tierras, han padecido saqueo y muerte sin que las autoridades a las que una y otra vez han acudido en demanda de amparo, pongan en marcha los mecanismos de investigación y se aplique la ley a los depredadores de sus bosques y criminales que han cegado la vida de varios de los comuneros y que siguen campeando en esas tierras con la mayor impunidad bajo la protección de los poderosos.

¿Justicia para todos? No, no hay justicia para todos. También siguen en la impunidad las muertes de los 45 niños de la guardería ABC en Sonora. La Suprema Corte de Justicia deslindó de toda responsabilidad a todas las autoridades involucradas. ¿Y qué decir de las muertes y desapariciones de periodistas? La palabra justicia parece volverse vana, solamente para llenarse la boca aquel o aquella que se pretenden adornar.