¿Qué Opinaría Montesquieu? /

Autor: Carolina San Martín Mazzucconi


¿Qué Opinaría Montesquieu?



Últimamente se oye mucho que estamos ante una crisis que es, en parte, de valores. El debate tiene que ver con valores sociales, pero me sirve para poner sobre la mesa una realidad que se hace patente en estos tiempos convulsos: el cuestionamiento de uno de los principios inspiradores del Estado de Derecho. Me refiero a la clásica separación de poderes según la cual el poder legislativo legisla, el poder ejecutivo ejecuta, y el poder judicial resuelve los conflictos aplicando el entramado jurídico preexistente.

Sobre la base de este esquema básico que todos aprendemos en la escuela, el art. 66 de la Constitución española atribuye a las Cortes Generales la representación del pueblo español y el ejercicio de la potestad legislativa del Estado, así como el control de la acción del Gobierno. Este último tiene encomendado el ejercicio de la función ejecutiva, la potestad reglamentaria, y la dirección de la política interior y exterior (art. 97), debiendo responder de su gestión ante el Congreso (art. 108). Finalmente, los jueces y magistrados administran la justicia que emana del pueblo (art. 117).

Pues bien, parece que ni Montesquieu ni la Constitución tienen hoy credibilidad alguna en este punto, porque importantísimas reformas legales, cuyo origen natural debería haber estado en el poder legislativo elegido como tal por los ciudadanos, sin embargo han emanado del Gobierno, con la excusa de una extraordinaria necesidad y urgencia que luego desmiente con sus propios actos, al demorarse en desarrollar reglamentariamente lo normado (sin duda una paradoja: asume una potestad legislativa que no le compete y no ejercita la reglamentaria que le otorga la Constitución).

En la misma línea, se anuncia –no sé si se confirmará- que este año no habrá “Debate sobre el Estado de la Nación” (práctica parlamentaria de control anual a la política de Gobierno que ha venido celebrándose desde 1983 con seis únicas excepciones por coincidir con años de elecciones generales), cuando parece más necesario que nunca.
Esta confusión de poderes y perversión de sus funciones y responsabilidades se ha contagiado, cómo no, al brazo judicial del Estado. Una parte importante de la judicatura ha reaccionado frente a la reforma laboral vigente resistiéndose a su aplicación tal como está concebida en su literalidad y espíritu, lo que sin duda es admisible, e incluso elogiable desde mi punto de vista, siempre que esa resistencia esté respaldada en Derecho (el ordenamiento jurídico ofrece instrumentos para expulsar de su seno aquello que no se ajusta a sus parámetros, para dejar de aplicar una norma que contraría disposiciones jerárquicamente superiores). Pero la mera “objeción de conciencia” judicial, el posicionamiento heroico como último baluarte de unos principios o derechos en riesgo, aunque pueda despertar solidaridad, comprensión e incluso gratitud, es tan aberrante como la desmesurada invasión ejecutiva sobre la legislativa que acabamos de censurar. El poder judicial que tiene pretensiones de legislador allí donde no hay espacio para ello, se deslegitima.

Ahora bien, evidentemente, esta moneda tiene dos caras. Hay que ser coherentes y no caer en trampas mediáticas, como alguna que aflora en la prensa a raíz de una reciente sentencia que aplica la reforma laboral intentando matizar sus postulados pero sin resistirse a las líneas de fuerza básicas; sin negar el cambio legal que supone y que hoy por hoy nos vincula a todos, nos guste o no. Dejando de lado el inmenso espacio que existe entre lo que la sentencia realmente dice y lo que se está diciendo que dice, lo cierto es que se interpreta por algunos como un espaldarazo judicial a la reforma.

Semejante forma de ver las cosas da la razón a quienes apoyan la resistencia numantina de la judicatura. No señores: si se exige pureza al poder judicial, no es de recibo interpretar que cuando los jueces aplican la norma sin más modulación que la que la misma admite sin violentarla –lo que ya es bastante difícil, teniendo en cuenta los problemas aplicativos que plantea-, están apoyando la reforma. No hay en ello, necesariamente, comunión con sus principios, diseño o efectos, sino mero respeto a la función constitucional asumida.

Ojalá todos se lo tomaran tan en serio.

@Carolina San Martín Mazzucconi.